Pablo Galain, académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y experto en Derecho Penal y crimen organizado, sostiene que el aumento de secuestros en el país podría responder, entre otros, a factores económicos, redes criminales transnacionales y debilitamiento del control social comunitario (control social informal)
El reciente caso del empresario de 84 años secuestrado en San Miguel y encontrado tras ocho días de cautiverio en Colina volvió a instalar el debate sobre el avance del secuestro extorsivo en Chile. El hecho, que incluyó violencia física, videos enviados a familiares y pagos que superarían los $40 millones, se suma a las advertencias realizadas por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien afirmó que “Chile es un lugar rentable” para este tipo de delitos.
Frente a este escenario, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y experto en seguridad y crimen organizado, Pablo Galaín, explica que el fenómeno no es nuevo en América Latina, pero sí evidencia una transformación relevante en la forma en que operan las organizaciones criminales.
“El secuestro extorsivo históricamente ha tenido un objetivo económico. No es un fenómeno nuevo, pero hoy se inserta en mercados criminales más sofisticados, con estructuras flexibles y redes que funcionan bajo lógicas empresariales”, señala Galain.
El académico sostiene que existen diversos factores que vuelven a Chile un territorio atractivo para este tipo de delitos. Entre ellos, menciona el alto poder adquisitivo de ciertos sectores de la población, la presencia de organizaciones criminales transnacionales y la debilidad de las redes comunitarias.
“Chile sí puede ser visto como un mercado apetecible para ciertos grupos criminales, porque existe capacidad económica para obtener rescates y porque ya operan organizaciones transnacionales asociadas al crimen organizado local. Por ello, sería un error pensar y comunicar a la población que esto es exclusivamente un fenómeno importado, pues, también participan grupos y delincuentes chilenos”, afirma.
Galain advierte que las bandas criminales actuales funcionan de manera distinta a las estructuras tradicionales asociadas históricamente al narcotráfico o los grupos mafiosos surgidos para abastecer la demanda luego de las prohibiciones del alcohol en los EE.UU. en la primera mitad del siglo XX.
“Hoy no estamos frente a organizaciones rígidas y jerárquicas como los antiguos carteles. Las redes criminales son mucho más horizontales, dinámicas, adaptables y resilientes. Estas se articulan para cometer determinados delitos y luego pueden desaparecer o reconfigurarse rápidamente”, explica. Lo que puede perdurar mas tiempo son las lógicas económicas para la reintroducción de los dineros ilícitos, pues la política criminal tiene menos interés en comprender el funcionamiento de “esta parte del negocio”.
El especialista también enfatiza que enfrentar el secuestro extorsivo requiere una política criminal más compleja que simplemente aumentar penas u otras promesas simbólicas del denominado “populismo punitivo”.
“La solución no proviene solamente del endurecimiento de las sanciones. Si todas las conductas prohibidas tienen amenazas de penas extremadamente altas, , se puede generar una desprotección adicional a la víctima. En el caso del delito de secuestro deben existir incentivos para el caso de liberar a la víctima con vida y sin lesiones, en el menor tiempo posible. Ello con independencia a que pueda agravarse la pena de manera proporcional al daño sufrido”, sostiene.
En esa línea, plantea que el foco de la política criminal debe estar en comprender el funcionamiento integral de los mercados criminales, incluyendo el financiamiento de los grupos criminales y de todos los actores que participan del posterior lavado de dinero.
“Es fundamental conocer e investigar quiénes facilitan la circulación del dinero, quiénes cooperan con estas redes y cómo se insertan los recursos obtenidos ilícitamente en la economía legal. La persecución penal moderna para tener éxito preventivo requiere de inteligencia financiera, coordinación institucional y análisis de contexto”, agrega.
El académico destaca además el rol que ha cumplido el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, señalando que ha permitido mejorar la identificación de autores y fortalecer la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado.
“Cuando el Estado mejora la capacidad de investigación, identificación e imputación, también mejora la prevención del delito. El desafío es sostener esa capacidad y entender que estos fenómenos requieren estrategias de mediano y largo plazo. El éxito no es inmediato y no puede depender del número de formalizaciones o condenas de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas.”, indica.
Asimismo, Galain advierte que un aumento en la efectividad de la persecución penal podría tensionar aún más el sistema penitenciario chileno.
“Si aumenta la efectividad frente a delitos graves como el secuestro extorsivo, también aumentará la población penal. Por eso, parte de la política criminal debe contemplar alternativas a la prisión para los delitos menos graves y para los delincuentes menos peligrosos, evitando profundizar la crisis carcelaria”, concluye.
