En noviembre los presidentes de los clubes votarán en Quilín, y el que gane no va a heredar una asociación
Va a heredar una orden de demolición con fecha de inicio. Quien asuma en enero de 2027 será el primer dirigente en veinte años que llega al cargo obligado a ejecutar una reforma que él no escribió y que su propio gremio no impulsó.
El movimiento ya empezó. La semana pasada, catorce clubes se reunieron para respaldar la candidatura de Jorge Uauy, presidente de Palestino, con Juan Tagle integrando su lista. Antes habían asomado los nombres de Lorenzo Antillo y César Villegas. Pablo Milad, en el cargo desde julio de 2020 y reelecto en 2022, ya confirmó que no buscará un tercer período. La votación se resuelve en el Consejo de Presidentes de noviembre y el nuevo directorio asume justo cuando entra en vigencia la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.
Esa coincidencia de calendario es el verdadero titular. La reforma, promulgada este año después de casi una década de tramitación, obliga a separar la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, de modo que la liga profesional quede en una entidad y las selecciones y el fútbol formativo en otra. Prohíbe la multipropiedad, es decir, que una misma persona o entidad controle más de un club. Impide que los agentes de jugadores tengan acciones o cargos directivos. Entrega facultades de fiscalización a la Comisión para el Mercado Financiero. Y fija plazos concretos para dictar reglamentos y adecuar estatutos. No es una sugerencia. Es una obligación con reloj corriendo.
Ahí aparece el dato incómodo. La transformación más profunda del fútbol chileno en dos décadas no la empujó el fútbol chileno. La escribió el Congreso. Durante años los propios dirigentes anunciaron la separación institucional y durante años no ocurrió. El motivo no es personal ni misterioso, es de diseño. La ANFP es el conjunto de los clubes y sus decisiones pasan por el Consejo de Presidentes. Pedirle a esa estructura que se fiscalice a sí misma es pedirle al regulado que sea su propio regulador. En gobernanza deportiva ese arreglo casi siempre termina igual: la reforma llega desde afuera o no llega.
Conviene recordar de dónde viene todo esto. La ley 20.019, de 2005, nació después de la quiebra de Colo Colo y prometía profesionalizar la gestión, transparentar las cuentas y terminar con la precariedad de los clubes. Veinte años más tarde, la evaluación del modelo apunta menos a la figura de la sociedad anónima, que funciona razonablemente bien en Inglaterra o España, y más al débil marco institucional chileno que la acompañó. Directorios sin experiencia deportiva, conflictos de interés y una fiscalización que nunca terminó de existir. El envase no fue el problema. Fue todo lo que quedó alrededor sin construir.
Por eso la discusión que viene no debería agotarse en los nombres. Separar la ANFP de la Federación significa repartir presupuestos, marcas, personal, contratos y derechos de televisión entre dos organizaciones que hoy son una sola caja. Significa responder algo que nadie ha explicado con claridad, que es con qué recursos se financia una federación encargada del fútbol formativo y las selecciones, justamente las áreas donde el país lleva años sin resultados. Y significa aplicar el fin de la multipropiedad sobre estructuras de propiedad que llevan tiempo funcionando de otra manera y que no se desarman con un comunicado.
La pregunta de fondo, entonces, no es quién gana en noviembre. Es si una industria que necesitó diez años de tramitación legislativa para ordenarse por fuera será capaz de ejecutar por dentro una norma que no redactó y que en buena medida resistió. Las instituciones deportivas no cambian por decreto ni por elección. Cambian cuando quienes las dirigen aceptan que la regla también los alcanza a ellos. Eso, y no el recuento de votos, es lo que empieza a medirse en enero.
