La situación, que fue dada a conocer por el alcalde Juan Ramón Godoy en la Sesión Nº2 del Honorable Concejo Municipal, revela que tres funcionarios municipales presentan dobles contratos
En noviembre de 2020, el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Rancagua, ASEMUCH, Cristian Rivera, presentó un oficio ante Contraloría con una serie de situaciones relacionadas a la Ley de Plantas Municipales, principalmente a funcionarios que presentarían dobles contratos en la anterior gestión municipal liderada por Eduardo Soto Romero.
A raíz de esto, la entidad fiscalizadora entregó sus conclusiones en el Oficio Nº E118039 que la mañana de este martes fue presentado por el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, al Concejo Municipal en su segunda sesión. El documento indica que tres funcionarios presentan dobles sueldos. Dos de ellos son funcionarios de la Municipalidad de Rancagua que realizan, además, labores en calidad de honorarios en la Corporación Municipal. El tercero, en calidad de jurídica de contrata en la Municipalidad de Rancagua, presenta un convenio a honorarios en la Municipalidad de Machalí.
Para esta conclusión, Contraloría invocó el artículo 56 de la Ley 18.575 que permite que las y los funcionarios puedan ejercer libremente cualquier profesión, industria, comercio u oficio conciliable con su posición en la Administración del Estado; y el Nº4 del artículo 62 de dicha ley, que establece que contraviene el Principio de Probidad Administrativa “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.
El informe indica que el señor Sebastián Díaz Valenzuela ingresó a la Municipalidad el 15 de enero de 2010, en calidad de Contrata, grado 12º de la Planta de Profesionales. Su último nombramiento fue en calidad de Titular, grado 7º de la Planta de Profesionales, en junio de 2020. Además, prestó servicios a honorarios en la CORMUN desde el año 2014 hasta 2020. Tras revisar las contrataciones de los años 2019 y 2020, Contraloría determinó incompatibilidad horaria, y habría realizado actividades a honorarios dentro del horario correspondiente al en que debe efectuar sus labores como profesional G 7º, donde se señala que “implica una falta grave a la probidad, por cuanto se utiliza tiempo de trabajo y recursos municipales en beneficio propio”. Por otra parte, señaló que luego de las visitas a terreno que efectuó a nueve establecimientos educacionales, constató que los directores habrían señalado que los trabajos habrían concluido durante el año 2019, lo que implica que las actividades no habrían correspondido a las efectivamente ejecutadas. Para la Contraloría, no haber realizado las labores que se informaron a la CORMUN, infringiría el Principio de Prioridad.
En la ocasión, el recién asumido alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy Muñoz, señaló que “llegó un informe de la Contraloría el cual presentamos al Concejo Municipal donde se establece que hay dobles contrataciones de funcionarios de la administración anterior. Por lo tanto, instruye que tengamos que hacer la investigación y tomar las medidas disciplinarias y sancionatorias que corresponden. Lo pone en la categoría de altamente complejo y lo hemos instruido tanto a la Dirección Jurídica como a la Administración Municipal”.
Estas situaciones son las que la nueva administración busca terminar, también por respeto a las y los funcionarios. “Nuestro modelo de gestión busca cumplir con todas las normativas administrativas que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, además de la normativa relacionada a las contrataciones. Vamos a tomar las medidas y, en cada una de las contrataciones, ese será el criterio jurídico que vamos a tener”, indicó el jefe comunal.
Por otra parte, el oficio señala que el señor Jorge Aguilera Oviedo fue nombrado a contrata asimilado al G 8º de la Planta Profesional de la Municipalidad en julio de 2010 y actualmente posee un nombramiento en G 7º a contrata en la Planta Profesional, en diciembre de 2020. Contraloría constató que fue contratado en calidad de honorarios en la Municipalidad de Machalí durante los años 2009 y 2014, y en la Municipalidad de Rancagua hasta el año 2021. Respecto a esto, el organismo no pudo comprobar el cumplimiento de las horas contratadas, fuera de la jornada laboral. A raíz de esto, Contraloría detectó y determinó el incumplimiento de diversas normas y de los principios de eficiencia, responsabilidad, transparencia, probidad y control jerárquico, entre otros. Es por esto que se determinó que “procede que la Municipalidad de Rancagua dé inicio a un procedimiento disciplinario tendiente a investigar los hechos y determinar la existencia de las responsabilidades administrativas que se encuentren asociadas”, señalando que se trata de observaciones “Altamente Complejas”.
“Esta denuncia la hicimos junto a ASEMUCH hace un tiempo atrás cuando estábamos viendo la Ley de Plantas y estábamos esperando ansiosamente que llegara esta respuesta de la Contraloría. No solamente son tres funcionarios, hay muchos funcionarios más que tienen no solamente dos contratos, sino triple contrato, y eso lo va a reflejar la auditoría que el alcalde ha anunciado” afirmó el concejal Patricio Henríquez Henríquez, quien agregó que “saldrán una serie de irregularidades que hemos visto, hay una opacidad tremenda del antiguo alcalde y esto, afortunadamente con la nueva administración, va a salir al descubierto”.
En tanto, el oficio afirma que el señor Fabián Campos Quezada suscribió un contrato a honorarios con la CORMUN con fecha 20 de abril de 2020, por una renta bruta mensual de $2.801.120. Luego, fue nombrado en calidad de Titular en la Planta de Personal de la Municipalidad, grado 6º, como Director de Innovación y Gestión de Calidad desde el 1 de febrero de 2021, pero comenzó a realizar sus funciones desde el 1 de marzo del presente año. Además, renunció a su contrato con la CORMUN a contar del 1 de marzo del 2021. Tras esto, Contraloría procedió a revisar el contrato a honorarios entre Fabián Campos y la CORMUN. Las funciones que se establecieron en el contrato de honorarios, consistieron en “asesorar al directorio de dicha entidad en la legalidad de contratos, -Cláusula Quinta-, licitaciones y procedimientos internos de la Corporación”; sin embargo, Contraloría previno que «asesorar» resulta “una expresión absolutamente amplia y ambigua, por lo que “el «acto de asesorar» no satisface el requisito de especificidad y precisión que establece el legislador” (Criterio Dictamen Nº45.711/2021). Finalmente, revisados los once informes de actividades presentados por el involucrado, en ninguno de ellos alude a alguna labor de las contratadas, ya que las actividades realizadas se circunscriben a “analizar, diagnosticar, evaluar, revisar, fiscalizar, recomendar, preparar, coordinar y desarrollar diversas materias”, las cuales no están señaladas en la Cláusula Quinta del contrato. Y, además, no incorpora a su respecto documentos que den cuenta de las “tareas informadas” en los referidos informes.
Finalmente, para la recién asumida concejala Viviana Morales Sandoval, “es de suma importancia que la Contraloría se pronuncie respecto a las problemáticas que tengan las y los trabajadores del municipio, hay que transparentar las contrataciones y evidentemente Contraloría tiene que hacerse parte de esto y de las peticiones que hagan las y los trabajadores” “Esto simplemente muestra que hay que seguir tratando de verificar los doce años de trabajo que tuvo el ex alcalde Eduardo Soto y espero que la Contraloría siga transparentando este tipo de cosas. Los funcionarios públicos merecen el respeto a su trabajo”.
Es importante señalar que el alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, el municipio de Rancagua y sus funcionarios y funcionarias seguirán trabajando por un municipio social, transparente y con participación ciudadana, abierto a las y los vecinos de la comuna. Por una ciudad para todas y todos.
