La presidenta de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministra Marcela de Orúe, encabezó la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento de Justicia Penal
En la reunión participaron el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Luis Arturo Zúñiga; el fiscal regional, Aquiles Cubillos; el defensor regional, Claudio Aspe; el director regional de Gendarmería, Nimrod Acosta; el administrador (s) del tribunal de alzada, Manuel Calderón; y representantes la Policía de Investigaciones, Carabineros y las instituciones integrantes de esta mesa.
La ministra Marcela de Orúe comentó que durante esta instancia las instituciones del sistema de justicia penal abordaron diversos temas como la situación de los internos de la región que están en internación provisional por presunta inimputabilidad, junto con la propuesta de la creación de un laboratorio toxicológico.
“En esta reunión de coordinación interinstitucional, analizamos en conjunto el proyecto que busca de establecer un laboratorio toxicológico, acordando apoyar esta iniciativa dado que permitirá una labor más rápida desde el punto de vista de la realización de peritajes, lo que impactará de forma muy positiva en la tramitación de causas penales y de familia. Esto va con el objetivo que tenemos todos quienes integramos esta comisión que busca potenciar una justicia oportuna y accesible, es por este motivo que es necesario el trabajo conjunto de todas las autoridades de la región”, señaló la presidenta del tribunal de alzada.
Al respecto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Luis Arturo Zúñiga, señaló que “la idea es adquirir los implementos para generar el laboratorio toxicológico en la Región de O’Higgins. Poseemos variados presupuestos y conversaciones desde nivel central con el Servicio Médico Legal para que esto se haga realidad en el corto plazo”. Que esta iniciativa genera un mayor acceso a la justicia a todos los usuarios, en se dará mayor celeridad a la justicia penal y de familia en la entrega de informes toxicológicos y de paternidad, lo que genera una mayor seguridad jurídica a las personas”, concluyó.
