El proyecto de ley ingresado el día de ayer al Congreso para postergar en un año la entrada en vigencia de la Ley N° 21.719, que modifica la Ley N° 19.628 sobre protección de datos personales, representa una mala noticia para el país
Esta decisión no sólo dilata la necesaria protección de los derechos de las personas sobre la circulación de su información, sino que castiga los esfuerzos e inversiones que diversas empresas u organizaciones ya han realizado para adecuar sus procesos normativos.
Detrás de este aplazamiento subyace la incapacidad de estructurar la Agencia de Protección de Datos Personales. Los intentos fallidos por nombrar a los integrantes de su consejo evidencian un problema técnico y de incentivos, ya que la propuesta de cinco consejeros con dedicación exclusiva no ofrece un nivel de remuneración acorde a la alta responsabilidad requerida, lo que resta atractivo a profesionales de primer nivel técnico. Aunque se busque hacer operar al Consejo con anticipación para redactar reglamentos y contratar personal, las condiciones de fondo siguen debilitadas.
Las consecuencias de esta demora no son sólo jurídicas, sino también económicas. Sin una institucionalidad sólida y operativa, agencias internacionales (como las europeas) continuarán sin considerar a Chile como un país con estándares adecuados de protección. Esto perjudica directamente la atracción de inversiones clave, la instalación de nuevos data centers y el desarrollo de negocios de alcance global.
Si Chile aspira a insertarse con éxito en la economía digital, la protección de datos y la conformación de sus autoridades no pueden seguir en permanente espera.
Por Rodrigo Rojas, Profesor y miembro del Observatorio de Derecho y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo.
