La Ley TEA y la Ley Miscelánea han elevado las exigencias para los colegios particulares pagados exigiéndo protocolos específicos, planes de acompañamiento individualizados, cupos prioritarios en sus procesos de admisión y capacitación permanente para las comunidades educativas
Expertos advierten que el cumplimiento ya no es sólo una recomendación, sino una obligación legal que está siendo fiscalizada y judicializada.
A más de tres años de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.545, conocida como Ley TEA, los establecimientos educacionales enfrentan un escenario cada vez más exigente en materia de inclusión. La normativa, que busca garantizar el acceso, permanencia y participación de las personas dentro del Espectro Autista en el sistema educativo, establece obligaciones concretas para colegios públicos y privados, cuyo incumplimiento puede derivar en sanciones administrativas e incluso acciones judiciales.
Sin embargo, la Ley TEA no opera de manera aislada. Junto con ella, la Ley N° 21.544 introdujo nuevas exigencias de inclusión para los colegios particulares pagados, equiparándolos en aspectos clave con los establecimientos públicos y subvencionados. En conjunto, ambas normativas configuran el marco regulatorio más exigente que ha enfrentado el sector en materia de inclusión escolar.
La relevancia de estas medidas se vuelve aún más evidente considerando el aumento de diagnósticos en el país. Según el estudio «Estimación de la prevalencia de trastorno del espectro autista en población urbana chilena», publicado en 2021 en la revista científica Andes Pediátrica, 1 de cada 51 niños en Chile se encuentra en el espectro autista, mientras que estimaciones internacionales muestran una tendencia creciente en su prevalencia. Este escenario obliga a las comunidades educativas a fortalecer sus capacidades para garantizar una inclusión efectiva y sostenible.
Uno de los principales desafíos identificados por especialistas es la gestión de situaciones de desregulación emocional y conductual dentro de las comunidades escolares. En la práctica, los establecimientos suelen enfrentar dificultades para distinguir cuándo una conducta responde a una manifestación propia de la condición del estudiante y cuándo corresponde aplicar medidas disciplinarias, un aspecto que ha generado controversias y creciente atención por parte de las autoridades.
Asimismo, persisten dudas respecto de la aplicación de adecuaciones curriculares y evaluativas, la participación de las familias ante situaciones de crisis y los criterios que permiten adoptar medidas excepcionales de contención física, cuyo uso está estrictamente limitado a escenarios de riesgo inminente para la integridad física de las personas involucradas.
«La inclusión educativa de estudiantes autistas ya no puede entenderse únicamente como un desafío pedagógico. Hoy existe un marco normativo claro que establece obligaciones concretas para los establecimientos y cuya aplicación está siendo cada vez más fiscalizada. Las comunidades educativas deben comprender que el cumplimiento normativo y la inclusión efectiva son dos dimensiones inseparables», señala José Tomás Leturia, asociado de Provoste Matamala Abogados.
La jurisprudencia reciente también ha comenzado a delinear criterios relevantes para los establecimientos. Distintos fallos han establecido que decisiones tan sensibles como la cancelación de matrícula o expulsión de estudiantes con necesidades educativas especiales deben estar respaldadas por procesos ajustados a derecho, medidas de apoyo previamente implementadas y reglamentos internos alineados con las exigencias de la Ley TEA. A ello se suma el incipiente escrutinio respecto del cumplimiento de los nuevos cupos de admisión y la prohibición de cobros diferenciados establecidos en la Ley N° 21.544, materias que también podrían derivar en acciones legales ante la Superintendencia de Educación o los tribunales ordinarios.
«La inclusión beneficia a toda la comunidad educativa. Contribuye a mejorar la convivencia, fortalecer el bienestar de los estudiantes y generar mayores oportunidades de aprendizaje para todos. Para avanzar en este camino, los establecimientos requieren herramientas y capacidades que les permitan responder adecuadamente a la diversidad. Desde Fundación Mis Talentos acompañamos a las comunidades educativas mediante programas de formación y asesoría especializada, apoyándolas en la construcción de entornos cada vez más inclusivos», explica Isabel Zúñiga, presidenta ejecutiva de Fundación Mis Talentos.
Estas materias fueron analizadas recientemente en un webinar organizado por Provoste Matamala Abogados y Fundación Mis Talentos, instancia que reunió a directivos, equipos de gestión, encargados de convivencia escolar, profesionales de apoyo y docentes de colegios particulares para abordar los desafíos de la inclusión, la implementación de la Ley TEA y los cambios que enfrenta el sistema educacional chileno.
