Hay niños en Chile que hoy entran a la escuela con miedo. Miedo al hostigamiento silencioso del curso, al grupo de WhatsApp que humilla, al golpe en el recreo, a la burla convertida en espectáculo digital
Pero también hay profesores que comenzaron a entrar con miedo. Miedo a la agresión verbal, a la denuncia, al desgaste emocional de sostener comunidades fracturadas mientras el sistema les sigue exigiendo resultados SIMCE como si enseñar fuera posible en medio del agotamiento y la violencia.
La escuela chilena llevaba años enviando señales de auxilio, pero las escuchamos tarde.
La entrada en vigencia de la Ley N.º 21.809 sobre convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas representa una de las señales más importantes que ha dado el sistema educativo chileno en décadas. No porque una ley vaya a resolver por sí sola la violencia escolar, sino porque instala algo que durante años se evitó reconocer: no puede existir calidad educativa sin bienestar emocional, protección y convivencia democrática (UNESCO, 2024). Durante demasiado tiempo discutimos puntajes, cobertura curricular y rendimiento académico mientras la convivencia se deterioraba lentamente dentro de las salas de clases.
Y quizás ese es el cambio más profundo de esta nueva normativa: comprender que la violencia escolar no es solamente un problema disciplinario, sino una crisis de salud emocional, tejido social y convivencia humana.
La ley incorpora elementos que hasta ahora parecían secundarios dentro de muchas escuelas: equipos de convivencia educativa con dedicación específica, estrategias de gestión colaborativa de conflictos, canales seguros de denuncia, apoyo psicosocial y medidas de reparación para las víctimas (Mineduc, 2026). En otras palabras, el Estado comienza finalmente a reconocer que convivir también se enseña y que las comunidades educativas requieren estructuras especializadas para cuidar a quienes aprenden y enseñan.
Sin embargo, aquí aparece la advertencia que no podemos romantizar. El riesgo de Chile siempre ha sido convertir las grandes transformaciones educativas en hermosos documentos administrativos que terminan descansando sobre los hombros agotados de los profesores. Porque una escuela no mejora su convivencia por tener más protocolos archivados en un escritorio. Mejora cuando existen equipos, tiempos y recursos reales para prevenir los conflictos antes de que estallen.
De poco servirá esta ley si las escuelas continúan sin duplas psicosociales suficientes, sin coordinadores de convivencia con dedicación exclusiva y sin formación especializada para abordar contextos cada vez más complejos. La convivencia escolar no puede seguir siendo una tarea adicional para docentes que ya sobreviven atrapados entre planificaciones, burocracia, evaluaciones y sobrecarga administrativa. El profesor no puede transformarse simultáneamente en psicólogo, mediador, trabajador social y encargado de crisis permanentes, porque cuando eso ocurre, la tarea más importante de la escuela comienza a perderse silenciosamente: enseñar y lograr que los niños aprendan más y mejor.
La nueva ley llega tarde. Llega después de años donde normalizamos el deterioro emocional de las comunidades educativas y observamos cómo la violencia comenzaba a instalarse como paisaje cotidiano. Pero también llega justo cuando la escuela chilena comenzaba peligrosamente a romperse por dentro. Y quizás ahí reside su mayor esperanza: recordarnos que antes de enseñar contenidos, la educación debe volver a enseñar algo mucho más esencial… cómo vivir juntos sin miedo.
