El estudio, elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos, concluye que los mercados ilícitos movilizan más de US$5.700 millones al año, generan pérdidas de recaudación fiscal superiores a US$1.500 millones y afectan el crecimiento, la inversión, el empleo, la seguridad y la confianza
Además, propone 45 medidas para combatir el comercio ilícito, las finanzas ilícitas y los ilícitos en materias primas.
Santiago, 2 de julio de 2026. Las economías ilícitas dejaron de ser un fenómeno acotado o sectorial para transformarse en una amenaza estructural para el desarrollo del país. Esa es la principal conclusión del informe «Por un Chile sin Economía Ilícita», presentado este jueves por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), documento elaborado junto a 30 gremios y con la participación de cerca de 70 expertos, que busca dimensionar el fenómeno y aportar una agenda concreta de políticas públicas para enfrentarlo.
El estudio estima que las economías ilícitas movilizan en Chile más de US$5.700 millones al año y provocan pérdidas de recaudación tributaria superiores a US$1.500 millones anuales, recursos que dejan de destinarse a cubrir necesidades sociales de la ciudadanía. A esto hay que agregar los cerca de US$ 2.700 millones que el sector privado destina cerca de a prevenir y disuadir la ocurrencia de delitos.
El lanzamiento del informe reunió a representantes del sector público, privado y académico. La actividad fue encabezada por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, y contó con la participación del biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés; y la coordinadora ejecutiva del estudio, Pilar Lizana. El panel fue moderado por la decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, María José Naudon, instancia en la que se abordaron los principales hallazgos del informe y los desafíos para enfrentar el avance de las economías ilícitas en Chile.
Pero el informe advierte que el impacto de estos mercados va mucho más allá de las cifras. Al operar como un ecosistema económico paralelo, controlado por organizaciones criminales que participan en toda la cadena de valor, desde la producción, el robo o el contrabando hasta la comercialización y el lavado de activo, las economías ilícitas generan competencia desleal, desincentivan la inversión, fomentan la informalidad, afectan el empleo formal y distorsionan el funcionamiento de mercados estratégicos para el desarrollo del país.
La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, señaló que «las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones. Enfrentarlas ya no es solo una tarea de seguridad pública; es una condición indispensable para que el país vuelva a crecer».
Asimismo, sostiene que sus efectos también alcanzan el plano institucional y social. El avance de estos mercados debilita la confianza en las instituciones, erosiona la cultura de la legalidad y favorece la normalización de conductas al margen de la ley, especialmente entre las nuevas generaciones, poniendo en riesgo la cohesión social y las bases del desarrollo sostenible.
«Cuando una sociedad comienza a normalizar que es posible progresar al margen de la ley, el daño va mucho más allá de la economía. Se debilita la cultura de la legalidad, se deteriora la confianza y se afectan los valores que sostienen la convivencia. Restituir esa cultura es un desafío país que involucra al Estado, al mundo empresarial, al sistema educacional y a las familias».
Como respuesta a este diagnóstico, el informe propone una agenda de 45 medidas, organizadas en tres grandes ejes: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas. Junto con las propuestas específicas para cada uno de estos ámbitos, plantea un conjunto de medidas transversales orientadas a fortalecer la capacidad del Estado para enfrentar las economías ilícitas de manera integral. Entre ellas, destacan el desarrollo de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas que coordine la acción pública bajo una estrategia común; la creación de una Unidad de Economías Ilícitas con capacidades de análisis estratégico e inteligencia; el fortalecimiento de la trazabilidad de los flujos financieros mediante inteligencia financiera, analítica avanzada e inteligencia artificial, junto con iniciativas para reducir el uso de efectivo; la conformación, en coordinación con SERNAC, de una mesa de trabajo interinstitucional para impulsar campañas de educación y alfabetización ciudadana; y la implementación de un sistema integrado de denuncia segura y análisis de datos, con canales anónimos interoperables que protejan a denunciantes y fortalezcan la persecución penal. Sobre esta base, el informe desarrolla las propuestas específicas para cada uno de los principales ejes que conforman las economías ilícitas en Chile.
Entre los principales hallazgos del estudio también se identifican cinco brechas transversales que favorecen el desarrollo de las economías ilícitas: vacíos y asimetrías regulatorias; debilidades en la fiscalización y capacidad operativa del Estado; problemas de coordinación institucional e inteligencia; limitaciones en la trazabilidad de productos y flujos financieros; e insuficiencias del marco sancionatorio.
El informe «Por un Chile sin Economía Ilícita» constituye el primer esfuerzo impulsado desde el mundo empresarial para sistematizar la magnitud de este fenómeno en Chile y construir una propuesta integral para enfrentarlo. La investigación reúne evidencia de distintos sectores productivos, cuantifica el impacto económico e institucional de los mercados ilícitos y plantea medidas orientadas a fortalecer la seguridad, la certeza jurídica, la institucionalidad y la confianza, entendidas como condiciones esenciales para recuperar el crecimiento, proteger el empleo formal y generar más oportunidades para las personas.
