El persistente aumento en los precios de los combustibles ha dejado de ser una mera variable macroeconómica para convertirse derechamente en un fenómeno de alto impacto cotidiano
El encarecimiento de la gasolina, el diésel y el gas licuado no solo afecta el bolsillo de los consumidores, sino que tensiona directamente los principios que inspiran el Derecho del Consumidor y el sistema de libre competencia, colocando bajo escrutinio el rol del Estado y, en particular, de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Desde la óptica del consumidor final, el combustible tiene una característica muy singular y particular, toda vez que no es un bien prescindible. Su demanda es altamente inelástica, especialmente en un país con fuerte dependencia del transporte carretero y con alternativas de movilidad aún insuficientes en gran parte del territorio como lo es Chile. En este contexto, cada alza se traduce automáticamente en un aumento del costo de la vida, afectando no solo a quienes cargan combustible, sino también a los precios de bienes y servicios esenciales. El consumidor no elige pagar más; simplemente no puede dejar de consumir.
El Derecho del Consumidor chileno, estructurado en torno a la Ley N° 19.496, se apoya en principios como la información veraz y oportuna, la protección contra cláusulas abusivas y la reparación del daño, sin embargo, frente al alza de los combustibles, estas herramientas muestran sus límites dado que el problema no está, en general, en la falta de información sobre el precio sino en la imposibilidad real de elección. Cuando todos los oferentes suben los precios de manera paralela, la libertad de elección, pilar del consumo informado, se transforma en una ficción.
Es aquí donde la discusión se desplaza desde el Derecho del Consumidor hacia el Derecho de la Libre Competencia. La pregunta relevante no es solo si los precios suben, sino por qué suben y cómo se forman. La estructura concentrada del mercado de distribución de combustibles, sumada a la integración vertical y a mecanismos de precios poco transparentes para el consumidor, genera un terreno fértil para cuestionamientos legítimos sobre el nivel real de competencia.
Desde la perspectiva de la Fiscalía Nacional Económica, el foco no está en el precio en sí mismo –pues no existe control de precios en un sistema de economía de mercado-, sino en descartar conductas anticompetitivas como colusión, abusos de posición dominante o intercambios de información sensible. Así, la FNE ha sido consistente en señalar que los mercados concentrados no son ilegales per se, pero sí requieren un escrutinio más intenso, especialmente cuando los efectos recaen sobre bienes esenciales.
No obstante, para el ciudadano común, esta distinción técnica resulta poco satisfactoria e incluso, imperceptible. Para el consumidor, el alza constante del combustible se percibe como una falla sistémica del mercado, independientemente de si existe o no una infracción concreta al Decreto Ley N° 211 y es acá donde emerge un desafío institucional que se centra en cómo compatibilizar el rigor jurídico-económico con una demanda social creciente por mayor protección y sensación de justicia económica.
La FNE cumple un rol clave, pero necesariamente limitado. Su mandato es perseguir y sancionar atentados contra la libre competencia, no corregir desigualdades estructurales ni amortiguar “shocks” externos de precios. Pretender que la Fiscalía resuelva por sí sola el problema de los combustibles es desconocer su función institucional, sin embargo, sí se le puede exigir una vigilancia proactiva, estudios de mercado robustos y propuestas regulatorias que contribuyan a mejorar la transparencia y dinamismo del sector.
Desde el Derecho del Consumidor, el desafío es similar y el desafío es avanzar desde una protección individual hacia una mirada más colectiva y preventiva, por lo que las acciones colectivas, el fortalecimiento de las asociaciones de consumidores y una mayor coordinación con los órganos reguladores de la competencia pueden contribuir a equilibrar una relación que hoy se percibe asimétrica.
En definitiva, el alza de los combustibles revela una tensión constante entre mercado, regulación y protección del consumidor lo cual no se trata de demonizar el funcionamiento del mercado ni de exigir soluciones simplistas, sino de reconocer que cuando los precios de bienes esenciales suben de manera sostenida, el sistema jurídico-económico en su conjunto queda bajo examen. En ese juicio, tanto el Derecho del Consumidor como la Fiscalía Nacional Económica tienen un rol que cumplir, pero también límites que el debate público debe comprender sin renunciar a exigir respuestas.
