Un equipo de nueve funcionarios inspeccionó 64 viviendas de Villa Parque San Martín durante la tarde del 19 de agosto. La jornada dio continuidad a una visita realizada previamente en fin de semana y permitió detectar antecedentes de posibles incumplimientos que serán analizados por Serviu
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo realizó un nuevo control de ocupación en Villa Parque San Martín de Rengo, con el objetivo de comprobar que las viviendas financiadas mediante subsidios y aportes estatales estén siendo utilizadas efectivamente por las familias beneficiarias.
Durante el operativo, efectuado la tarde del miércoles 19 de agosto, nueve funcionarios del Serviu O’Higgins inspeccionaron 64 de las 202 propiedades del conjunto habitacional. La revisión permitió detectar viviendas desocupadas y otras habitadas por personas que no formarían parte del núcleo familiar declarado.
Villa Parque San Martín fue entregada en julio de 2025 a familias de los comités Bicentenario y Adonay. El proyecto fue ejecutado mediante el Fondo Solidario de Elección de Vivienda DS49, con una inversión de 315 mil UF, e incluye casas de dos pisos, áreas verdes y equipamiento comunitario.
El seremi de Vivienda y Urbanismo, Christian Villegas, explicó que esta fiscalización dio continuidad a una visita anterior realizada durante un fin de semana, en la cual se observaron situaciones similares.
“Hemos concurrido en días y horarios distintos y seguimos encontrando viviendas desocupadas y otras habitadas por terceros que no forman parte del grupo familiar beneficiario. Se entregaron las notificaciones correspondientes y ahora Serviu iniciará la revisión de cada caso”, señaló la autoridad.
La notificación no implica por sí sola la existencia de una infracción. Las personas beneficiarias podrán presentar sus antecedentes y acreditar la ocupación efectiva del inmueble, respetándose las etapas administrativas y legales establecidas.
El operativo forma parte de un plan regional de fiscalización que también ha considerado conjuntos habitacionales de Graneros y Peralillo. Su objetivo es proteger la inversión pública y asegurar que las viviendas mantengan la finalidad social para la cual fueron entregadas.
Estas acciones se relacionan con los anuncios del ministro de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, quien planteó extender de cinco a diez años las restricciones asociadas al uso de las viviendas sociales e intensificar los controles durante el primer año desde su entrega.
Según antecedentes entregados por el secretario de Estado, entre un 9% y un 11% de las viviendas sociales del país podría estar siendo utilizado de manera irregular. Entre los posibles incumplimientos se encuentran mantener la propiedad deshabitada, arrendarla o cederla sin autorización, transferirla durante el periodo de prohibición o destinarla a fines distintos del habitacional.
Cuando existen indicios de estas conductas, Serviu puede iniciar procedimientos administrativos o legales y, dependiendo de los antecedentes acreditados, solicitar la restitución del subsidio.
“Mientras miles de familias esperan una solución habitacional, debemos asegurar que las viviendas financiadas con recursos públicos permanezcan en manos de quienes realmente las necesitan. Continuaremos fiscalizando en terreno y adoptando las medidas que correspondan”, concluyó el seremi Christian Villegas.
Las personas que cuenten con antecedentes sobre un posible uso irregular de viviendas subsidiadas pueden presentar una denuncia en el canal oficial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: www.denuncia.minvu.cl.
