La iniciativa permitirá transformar vehículos de combustión a eléctricos en talleres autorizados, fortaleciendo la seguridad vial, reduciendo emisiones y abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo tecnológico
El Senado aprobó el proyecto de ley que regula la conversión de vehículos a combustión interna hacia sistemas de electromovilidad, estableciendo que este proceso sólo podrá realizarse en talleres certificados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. La medida busca asegurar procedimientos seguros, evitar intervenciones informales y promover un salto decisivo hacia energías limpias en el transporte del país.
El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Transportes, destacó la importancia de este avance legislativo, especialmente para la región de O’Higgins, donde ya existen iniciativas pioneras en reconversión eléctrica.
“Hoy hemos aprobado un proyecto de ley que permite la reconversión de la gasolina tradicional o diésel a buses y transportes eléctricos. Lo digo porque en nuestra región de O’Higgins, especialmente en Rancagua, tenemos un grupo pionero que lo ha hecho hacia el transporte de la División El Teniente de Codelco y hacia muchas líneas o ideas de transporte en nuestra región. Gente joven y así como tantos otros emprendedores que están poniendo energía limpia, es decir, energía que a la altura del siglo XXI es la que merecemos tener y ojalá a un precio mucho más barato”, señaló.
El parlamentario agregó que la ley “fomenta, propicia y promueve un paso certero para reconvertir elementos fósiles hacia energías limpias en el transporte”, contribuyendo a la justicia ambiental y al desarrollo de nuevas tecnologías.
La iniciativa recoge experiencias previas en materia de seguridad vehicular y responde a la necesidad de contar con un marco regulatorio claro para las transformaciones eléctricas, que implican intervenir sistemas críticos como frenos, baterías, estructura y matriz eléctrica del vehículo. También refuerza las facultades de fiscalización y sanción para evitar talleres informales y proteger a conductores, pasajeros y peatones.
El proyecto fue aprobado de manera transversal y se espera que el reglamento que lo implementará sea dictado en un plazo de tres meses, permitiendo que la política pública entre rápidamente en vigencia.
