Autoridades hacen un llamado a inscribir las causas correspondientes en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, ley que cumple un año de vigencia
“Gracias a la voluntad transversal del Congreso y al compromiso de múltiples instituciones involucradas, hoy nuestro país cuenta con una mejor institucionalidad para el cumplimiento de las pensiones alimenticias. Esta institucionalidad ha generado un cambio de conciencia respecto a un problema histórico en Chile, como es el no pago, como es el abandono parental”, dijo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, en el balance del primer año de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA).
De acuerdo con los datos proporcionados por el Registro Civil, actualizados hasta el 15 de noviembre, se han registrado un total de 194,582 causas durante este año en el RNDPA. De estas, 19,229 casos han sido cancelados, lo que significa que aún permanecen activas 175,353 causas, abarcando a más de 166 mil deudores. Es relevante destacar que algunos deudores tienen más de una causa registrada.
“En la actualidad hay más de 166 mil inscritos con una deuda de 95 mil millones de pesos, y otra más en UTM, que todavía está siendo actualizada, por lo tanto, el monto es más alto”, dijo la ministra Orellana quien agregó que “por cada 10 deudores que van ingresando al registro, hay 2,5 que pagan. Esto no es suficiente. Estamos hablando de recursos esenciales para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes y estamos hablando de miles de hogares que termina liderando una mujer sola, que no recibe el aporte que esos niños y niñas merecen y, por lo tanto, caen en el endeudamiento, el empobrecimiento”.
Del total de personas deudoras, un 97% corresponde a hombres (161.115) y un 3% a mujeres, de los cuales 4.976 son reincidentes. A partir de esto, hay un total de 224.070 niños, niñas y adolescentes que no reciben pensión según este Registro. Respecto a esto último, cabe señalar que cerca del 76% de los deudores tienen causas por un alimentario, cerca del 19% por dos y cerca del 5% por tres o más.
Región de O’Higgins tiene 9.791 deudores
La Región del Libertador Bernardo O’Higgins cuenta actualmente con un total de 10.306 causas ingresadas al registro, que corresponden a 9.791 deudores vigentes, lo que afecta a 13.250 niños, niñas y jóvenes de la región con derecho a percibir una pensión de alimentos. La deuda en pesos corresponde a $ 5.945 millones, a lo que se suma la deuda en UTM.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Constanza Valencia, subrayó que «desde O’Higgins seguiremos difundiendo esta institucionalidad que hoy tiene nuestro país para hacer efectivo el pago de las pensiones de alimentos». Además, destacó el trabajo exhaustivo de información realizado en medios y actividades para mantener a las personas actualizada sobre el plan. «Como Gobierno seguiremos difundiendo esta política de Estado, llevando información a todas las mujeres que la requieran, porque nuestro compromiso es que nunca más estén solas en estas situaciones tan complejas», afirmó la seremi.
Una institucionalidad en pleno funcionamiento
Seis meses después de la puesta en marcha del Registro, en mayo de 2023, entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos. Desde entonces, ambas normativas conforman la institucionalidad del Estado chileno destinada a mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos en el país. Mientras el Registro crea incentivos para el pago de deudas a través de sanciones a la morosidad, la ley de Responsabilidad Parental establece un mecanismo de pago efectivo de las pensiones de alimentos adeudadas en el país, permitiendo el pago de la misma a través de los fondos que el deudor tenga en sus cuentas bancarias, instrumentos de inversión y financieros, y, en segundo lugar, en las cuentas de ahorro previsional voluntario.
¿Cómo funciona el Registro de Deudores?
Para ingresar al Registro debe existir una causa por pensión de alimentos ante los Tribunales de Justicia, los cuales deben evaluar los antecedentes. La persona demandante debe solicitar al tribunal correspondiente la liquidación de la deuda, que será puesta en conocimiento del alimentante. Si éste tiene una deuda de tres meses continuos y/o cinco discontinuos y no hace el pago una vez realizada la liquidación, el Tribunal enviará los antecedentes al Servicio de Registro de Identificación, para que éste inscriba al alimentario deudor en el Registro Nacional de Deudores.
Este mecanismo es un sistema electrónico remoto, gratuito y puede ser consultado por personas o instituciones que tenga la obligación legal de hacerlo, tales como deudores, demandantes, representantes legales, tribunales, bancos, notarías, municipalidades, entre otras instituciones públicas y privadas.
Dentro de las consecuencias de ingresar al Registro Nacional de Deudores se encuentran: la retención de las devoluciones de impuestos en la operación renta de cada año, la imposibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir y/o el pasaporte y la retención de operaciones de crédito (desde 50 UF o más alcanzará un 50%), entre otras medidas.
Cabe destacar que, a partir de su implementación, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género detectó e impulsó medidas para mejorar el cumplimiento de la ley en el caso de los prestadores de servicios financieros, entregándole atribuciones expresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para fiscalizar y sancionar a estos actores, lo que fue aprobado por el Congreso en diciembre de 2022. La Ley dispuso que, a partir de marzo, la CMF comenzará a supervisar el cumplimiento de las obligaciones de consulta del Registro por parte de los proveedores de servicios financieros que fiscaliza.
Seis meses después de la puesta en marcha del Registro, el 20 de mayo de 2023 comenzó a operar el mecanismo de pago efectivo de pensiones, creado por la Ley 21.484 sobre Responsabilidad Parental, presentada por el gobierno del presidente Gabriel Boric Font.
Desde entonces, ambas normativas conforman una mejor institucionalidad del Estado chileno destinada a mejorar el cumplimiento del pago de las pensiones de alimentos en el país.
