La iniciativa legal había sido aprobada unánimemente por el Congreso el 5 de enero y estaba a la espera de su promulgación por parte del Presidente Boric
Durante la tarde de este jueves las organizaciones de la sociedad civil lamentaron profundamente el anuncio del veto presidencial a la recientemente aprobada Ley Integral de Personas Mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable.
En una reunión convocada por el Ministerio de Desarrollo Social, encabezada por la ministra de la cartera Javiera Toro, se comunicó a las organizaciones que impulsaron y colaboraron en el perfeccionamiento de la normativa, que el gobierno presentó un veto sustitutivo a los artículos 15 y 29 que abordan materias laborales.
Desde la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, hubo rechazo y desilusión sobre la gestión de la problemática de los artículos y desconcierto por el momento en el que se les anuncia la decisión, a menos de dos semanas del cambio de mando. Asimismo, lamentaron profundamente la decisión del Ejecutivo y llamaron a volver a poner en el centro a las personas mayores.
Eduardo Toro, director de Conecta Mayor UC, representó la molestia de las organizaciones: “Esta decisión del gobierno es muy desafortunada. Más allá de los argumentos del Ejecutivo, lo que no tiene explicación es que se presente este veto como un recurso de última hora, ad portas de dejar La Moneda, después de haber participado activamente de la tramitación del proyecto durante los últimos 4 años”, señaló. Toro agregó que “será clave la definición que tome el próximo Gobierno, para que la promulgación de esta nueva Ley, que va en beneficio de las personas mayores, no se dilate indefinidamente”.
Por su parte, el director ejecutivo de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, Hans Rosenkranz, dijo que “este es un golpe muy duro para las organizaciones que han trabajado incansablemente para lograr su aprobación. Existe profunda molestia y desconfianza. No hay que olvidar que esta ley es por el bienestar de las personas mayores”. Asimismo, señaló que los artículos en cuestión “ya fueron abordados con argumentos de todas las partes y se decidió aprobar unánimemente en el Congreso. Por eso, más que correr detrás de un veto, se requiere de una discusión profunda que ofrezca soluciones a la baja participación laboral y alta informalidad que experimentan las personas mayores en el trabajo”.
La ley, que fue aprobada por unanimidad el pasado 5 de enero y debía haber sido promulgada a inicios de este mes, busca fortalecer la protección de los derechos de las personas mayores y tuvo un extenso proceso de tramitación, donde decenas de organizaciones de la sociedad civil contribuyeron con su experiencia en la temática para perfeccionar la iniciativa. Su aprobación fue celebrada por las personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil y el propio gobierno.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de Fundación Grandes, Beatriz Urrutia, miembro de la Mesa de Personas Mayores de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, enfatizó que “es desconcertante y desalentador para quienes trabajamos desde la sociedad civil por la promulgación de la ley esta falta de compromiso a último minuto, siendo un proyecto largamente esperado por todos. Fueron cinco años de discusión y el gran triunfo fue poner a todas las partes de acuerdo para que fuera aprobada unánimemente. Este veto echa por tierra todo ese esfuerzo”.
Las organizaciones de la sociedad civil se encuentran a la espera de las próximas etapas de la tramitación e hicieron un llamado a la administración que asume el 11 de marzo a analizar los escenarios posibles. A la vez, recalcaron su disposición para trabajar y colaborar en lo que sea necesario para que la ley se apruebe lo antes posible, dada la urgencia del tema.
