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Minería 2026: el desafío de transformar la volatilidad en legado

By Diario Rancagua | on 16 febrero, 2026 | Comentario
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Chile inaugura 2026 en una posición económica expectante pero operativamente tensa

El sector minero se enfrenta a un escenario donde los vientos a favor del mercado internacional chocan con una arquitectura institucional y social interna en plena transformación. Para navegar este año, es fundamental entender que la minería ya no se juega solo en la ley del mineral, sino en la gestión estratégica de una incertidumbre que abarca desde la geopolítica global hasta el microclima de los salares.

La bonanza del riesgo

El mercado del cobre ha entrado en lo que los analistas denominan un rally de precios. No estamos ante un súper ciclo de demanda estructural infinita, sino ante una escalada gatillada por la escasez física y la fragmentación global. Con el metal rojo promediando los US$ 5,70 la libra en este inicio de año, el Estado chileno se encamina a recibir excedentes significativos. Se estima que, gracias al Royalty Minero en régimen pleno, el fisco podría disponer de hasta US$ 4.500 millones adicionales solo en 2026. Esta cifra rivaliza con los planes de ahorro fiscal más ambiciosos del debate público, como el recorte de US$ 6.000 millones propuesto para un periodo de dieciocho meses. Sin embargo, existe un riesgo técnico evidente: estos son ingresos volátiles. Basar gastos permanentes en una prima de riesgo internacional podría comprometer la estabilidad futura si el precio corrige hacia sus fundamentales de equilibrio una vez que las tensiones internacionales se estabilicen.

Este precio récord es hijo de la inseguridad. La consolidación del cobre como mineral crítico de seguridad nacional en las potencias occidentales, sumada al acopio estratégico de China, ha transformado al metal en un activo de refugio de suministro. Chile, por su estabilidad contractual, actúa hoy como un puerto seguro para el friend-shoring, pero esta ventaja competitiva es tan fuerte como lo sea nuestra capacidad de mantener las faenas operativas frente a las presiones internas.

Institucionalidad, territorio y gobernanza

En el plano administrativo, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) vive un momento de transición crítica. Tras una implementación ralentizada por la falta de reglamentos hacia fines de 2025, el 2026 se presenta como el año de la judicialización preventiva. La preocupación técnica no es solo la protección de la naturaleza, sino la incertidumbre sobre cómo los planes de manejo afectarán a faenas existentes en zonas de traslape. Esta parálisis reglamentaria actúa como un freno invisible que ralentiza proyectos clave de expansión, exigiendo una transparencia administrativa que hoy está bajo la lupa.

Esta exigencia de rigor técnico ha tenido su correlato más severo en la División El Teniente, donde la salida de tres altos ejecutivos ha marcado la agenda de gobernanza de este inicio de año. La decisión, vinculada a auditorías sobre los reportes geomecánicos tras los eventos sísmicos de 2023, subraya que la viabilidad de los proyectos estructurales ya no depende solo de la ingeniería de rocas, sino de la integridad y transparencia de la información técnica. Este ajuste en la plana mayor envía una señal clara al mercado: en un escenario de alta fiscalización, la continuidad operacional es inseparable de la responsabilidad corporativa.

Bajo esta misma lógica de validación territorial, el proyecto de tierras raras en Penco surge como un test de nueva generación. Aclara no solo debe sortear la permisología, sino también el riesgo de incendios forestales en el Biobío. Aquí reside una oportunidad de licencia social: si la empresa logra demostrar que su gestión de especies nativas y cortafuegos activos reduce la vulnerabilidad frente a las plantaciones tradicionales, podría transformar un riesgo ambiental en un activo de protección comunitaria. De igual forma, la industria busca validación mediante la desalinización multiuso, donde las plantas mineras comienzan a proyectarse como fuentes de agua potable para ciudades y agricultores locales.

La nueva era del litio

El 2026 marca también el despliegue de Nova Andino Litio SpA, la sociedad conjunta entre Codelco y SQM. Con el Estado asegurando el control mayoritario y una participación predominante en los beneficios, el reto inmediato es la tramitación del proyecto Salar Futuro. Esta iniciativa busca migrar hacia la Extracción Directa de Litio (DLE) para eliminar el uso de agua continental, una promesa tecnológica que debe concretarse mientras el precio del litio se estabiliza en torno a los US$ 20.000 la tonelada.

El inicio de operaciones de esta alianza público-privada coincide con la reestructuración del capital de SQM, tras confirmarse la salida definitiva de la gigante china Tianqi. Esta desinversión pone fin a un periodo de tensiones internas por la gobernanza de la compañía y despeja el camino para que Nova Andino Litio consolide su estrategia sin el ruido corporativo de los últimos años. La salida de este actor estratégico redefine el equilibrio geopolítico dentro del Salar de Atacama y otorga mayor agilidad a la toma de decisiones en la transición hacia el nuevo contrato de arrendamiento.

Innovación y paz social

Más allá de la extracción primaria, 2026 es el año de la minería secundaria y la energía verde. Con el cobre en máximos, el procesamiento de relaves antiguos para recuperar cobre y cobalto se vuelve un negocio de economía circular rentable. Asimismo, la minería se consolida como el comprador seguro que viabiliza las plantas de hidrógeno verde en el norte, permitiendo la migración de flotas hacia combustibles limpios. Estos avances, sin embargo, dependen críticamente de la estabilidad laboral.

El calendario de negociaciones colectivas de este año es particularmente complejo, destacando en enero la renovación del Acuerdo Marco de los 14 mil trabajadores contratistas de Codelco. En un ciclo de utilidades récord por el rally de precios, la presión sindical por capturar parte de la renta minera es máxima. Una paralización de los contratistas no solo afecta la caja diaria del Estado, sino que detiene las obras necesarias para sostener la producción futura del país.

Chile llega a este punto con una oportunidad histórica, pero sin margen de error. El mercado internacional nos entrega el capital, pero la gestión interna de la biodiversidad, la transparencia técnica y la paz social decidirá si este momento se traduce en un desarrollo permanente o en una estadística fugaz en la historia minera del país.

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