El sistema de licencias médicas en Chile combina fallas estructurales y deficiencias operativas. El marco de incentivos asegura la renta imponible completa del trabajador, mientras el control se encuentra fragmentado y débilmente supervisado
La Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) no ha asumido un rol rector, y tanto COMPIN, como ISAPRES y FONASA operan bajo criterios distintos.
El resultado: sobreutilización, abusos y fraude. En una década, el número de licencias aprobadas creció 1,9 veces y los días pagados 2,1 veces, llegando a 16 días por cotizante al año, e incluso 25 en algunos sectores.
El desorden quedó en evidencia tras un informe de Contraloría, que detectó a cerca de 25.000 empleados públicos utilizando licencias médicas para viajar al extranjero mientras mantenían su salario íntegro.
Forzada por esta situación, la SUSESO emitió una circular para que COMPIN e Isapres sancionaran a quienes aparecían identificados en el informe. Sin embargo, los COMPIN alegaron que esa información no era suficiente y exigieron certificados adicionales de la PDI, requisito absurdo e impracticable que bloquea la aplicación de sanciones y protege a infractores.
En lugar de corregir irregularidades, estas instituciones perpetúan un esquema que normaliza el fraude y erosiona la confianza ciudadana. El problema excede la detección de quienes viajan con licencia: apunta a un sistema mal diseñado, con organismos que actúan bajo criterios contradictorios.
Mientras no exista coordinación y responsabilidades claras, los abusos persistirán. Y un instrumento concebido como protección laboral y social seguirá siendo un beneficio distorsionado, financiado con recursos de todos.
