Intendente (s) Felipe Uribe valoró el proceso, indicando que “el Estado está al servicio de la ciudadanía, y en eso los funcionarios públicos cumplen un rol fundamental»
El Gobierno a través del Ministerio de Hacienda lanzó una consulta pública sobre modernización al empleo público, de la cual la ciudadanía podrá participar en forma voluntaria y confidencial hasta el próximo 28 de enero. La iniciativa se enmarca en la Agenda de Modernización del Estado del Presidente Sebastián Piñera.
Para participar se debe ingresar al sitio web www.consultahacienda.cl donde podrá conocer el anteproyecto y entregar sus opiniones. Los resultados se presentarán en el mismo sitio web, y servirán de base para la elaboración del futuro proyecto de ley de modernización del empleo público.
A nivel regional, la iniciativa de Gobierno fue presentada por el Intendente (s) Felipe Uribe, quien estuvo acompañado del Asesor de Hacienda, Jorge Palma; y del Seremi de Gobierno, Alejandro Álvarez.
En tal sentido, el Intendente (s) Felipe Uribe valoró el proceso, indicando que “el Estado está al servicio de la ciudadanía, y en eso los funcionarios públicos cumplen un rol fundamental, porque cada uno de ellos es la cara visible de un Estado que debe estar al servicio en un 100% y ser oportuno en resolver los problemas cotidianos de las personas”, dijo Felipe Uribe.
“Un mejor Estado es sinónimo de mejorar la calidad de vida de las personas (…) El Estado y su estructura son fundamentales para cada una de las personas de las 33 comunas de la región, especialmente hoy para quienes más lo están pasando producto de la pandemia, por eso hacemos el llamado amplio a participar de esta consulta ciudadana”, dijo el Intendente subrogante.
CONSULTA
Las reglas del juego del empleo público (estatuto administrativo) datan de 1989. Con excepción de la reforma del año 2003 que creó la Alta Dirección Pública, esta es la primera vez que se aborda una reforma al empleo público.
En diciembre de 2018, cuatro centros de estudio –Chile 21, Libertad y Desarrollo, Centro de Estudios Públicos y Espacio Público, construyeron una propuesta conjunta para reformar el empleo público. Esa propuesta, junto a las recomendaciones del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado y propuestas planteadas por la Mesa del Sector Público, son el fundamento central de los contenidos de esta consulta pública.
PROPUESTAS PARA MODERNIZAR EL EMPLEO PÚBLICO
El anteproyecto busca generar reglas claras y mejores condiciones laborales para el empleo a contrata y honorarios, mayoritarios en el sector público. Para ello se propone una relación laboral indefinida y con derecho a indemnización en caso de despido, igualando así los derechos con los que cuentan el resto de los trabajadores formales del país.
Además, busca hacer más exigente y en igualdad de condiciones el ingreso al Estado, estableciendo como requisito la selección por mérito para todos los cargos, con concursos abiertos y transparentes supervisados por el Servicio Civil. También propone limitar el nombramiento de los funcionarios de confianza de la autoridad política, acotando su número y estableciendo que deberán renunciar junto con su jefatura.
Asimismo, busca promover oportunidades de desarrollo laboral para los funcionarios públicos, regular el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, y sancionar de manera efectiva las faltas a la probidad, el maltrato y el acoso laboral y sexual.
El anteproyecto contiene 6 ejes:
- Crea una nueva relación laboral entre los funcionarios/as públicos/as y el Estado. Establece un vínculo laboral indefinido con indemnización al egreso para los funcionarios a “contrata” y “honorarios” que cumplan tareas permanentes (270 mil personas aprox.). Todo nuevo ingreso al Estado (Gobierno Central) se regirá por esta regla.
- Establece el mérito como requisito para un ingreso abierto y competitivo al empleo público, de acuerdo a las competencias, aptitudes y conocimientos de los funcionarios, en procesos transparentes y regulados por el Servicio Civil.
- Promueve oportunidades de desarrollo y crecimiento laboral para los funcionarios públicos, permitiendo la movilidad entre las instituciones del Estado y mejorando el sistema de evaluación del desempeño.
- Acota los cargos de confianza de cada Gobierno, separándolos de los funcionarios de Estado y creando una categoría de “asesores de gobierno”, destinado al personal de confianza. Estos deben renunciar junto con la autoridad.
- Regula el teletrabajo en el sector público como una oportunidad segura y planificada de trabajo a distancia, respetando la compatibilidad del trabajo con la vida personal y familiar.
- Sanciona de manera efectiva las faltas a la probidad, maltrato y acoso laboral y sexual en el Estado, perfeccionando los procedimientos y estableciendo la dedicación exclusiva en los sumarios administrativos.
Esta propuesta tiene como alcance el gobierno central, es decir, los ministerios y servicios públicos. No considera a los funcionarios municipales, de empresas estatales, ni Fuerzas Armadas y de Orden. De acuerdo a información de la DIPRES (septiembre de 2020), 420.018 personas trabajaban en el gobierno central: de ellas, 225.617 personas corresponden a personal a “contrata” (54%); 93.092 a personal de “planta” (22%); 46.655 a honorarios (11%) y 54.654 a otras modalidades (13%).
