El nuevo gobierno enfrenta una encrucijada en el sistema de licencias médicas tras el escándalo de 2025 que expuso 25 mil funcionarios públicos viajando al extranjero con reposos médicos y fraudes superiores a $700 mil millones
La reducción del 12,9% en emisión de licencias evidencia que la fiscalización intensificada genera efecto disuasorio, pero persiste el desafío de consolidar estos avances sin estigmatizar a pacientes legítimos ni paralizar el sistema mediante ‘efecto miedo’.
Los desafíos son estructurales: implementar validación tecnológica en tiempo real; consolidar traspaso COMPIN-Fonasa; aprobar Ley Marco del SIL con dos días de carencia (ahorro $182 mil millones anuales); y fortalecer coordinación SUSESO-isapres-Fonasa-PDI-MP para cruce de datos masivo.
El problema no es la cantidad sino la concentración anómala. Mientras la mitad de médicos emite hasta 14 licencias anuales, un 3% concentra volúmenes de 1.600+. Esta asimetría revela que el fraude está focalizado en redes organizadas, y no está generalizado.
Las medidas efectivas deben equilibrar fiscalización con protección de derechos: validación biométrica obligatoria; algoritmos de detección de patrones anómalos; registro de profesionales sancionados; multas administrativas inmediatas disuasorias; y contralorías médicas fortalecidas con facultades ampliadas.
La judicialización debe mantenerse. Durante 2025, ALTO INMUNE interpuso más de 600 querellas, incluyendo 27 médicos en prisión preventiva tras emitir 71 mil licencias falsas. Estas acciones generan precedentes que comunican consecuencias reales.
El mayor riesgo es que la fiscalización genere ‘efecto miedo’ paralizando la emisión legítima. La caída del 22,8% en licencias electrónicas a fines de 2025 muestra que médicos honestos temen sanciones. El gobierno debe comunicar que el objetivo es eliminar fraudes, no reducir licencias.
La encrucijada del nuevo gobierno es consolidar la reducción del fraude sin destruir la confianza en el sistema. Requiere tecnología, coordinación institucional, sanciones ejemplificadoras y comunicación clara que distinga entre fiscalización de redes criminales y respeto a profesionales honestos. Los resultados de 2025 demuestran que con voluntad política, cruce de datos y consecuencias legales, el sistema puede recuperarse. Pero la batalla apenas comienza.
