Análisis dio cuenta de los siete tipos de delitos y problemáticas de inseguridad que aparecen como más prioritarias desde el punto de vista de la política pública, entre otros aspectos
“Estudio de capacidades municipales rurales en Chile para la gestión de la seguridad y la prevención del delito”, fue el nombre de la investigación que llevó a cabo la Universidad de O’Higgins (UOH) a través del Observatorio Regional, por mandato de la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD).
Hoy, en la ciudad de Rancagua, se dieron a conocer sus principales conclusiones, en una actividad encabezada por la Subsecretaría de Prevención Delito, Carolina Leitao Álvarez-Salamanca; el Gobernador de la Región de O’Higgins, Pablo Silva Amaya; y el Prorrector de la Universidad de O’Higgins, Álvaro Cabrera Maray.
La realización del mismo se llevó a cabo entre diciembre del 2024 y junio del 2025, a partir de una selección intencionada de casos que permitió construir una tipología como asimismo identificar barreras y brechas en la efectividad de las políticas actuales.
El diseño metodológico del estudio fue de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo, considerando metodologías como: revisión documental; entrevistas con expertos y stakeholders locales y análisis de datos socio-delictuales.
En la muestra se consideraron 27 comunas rurales, de un universo de 270 consideradas como tales por la Subsecretaría de Prevención del Delito. La investigación se llevó a cabo en dos períodos: Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana fueron analizadas entre febrero y abril de 2025, y las restantes entre abril y mayo de 2025.
DELITOS Y PROBLEMÁTICAS PRIORITARIOS
El estudio arrojó resultados sobre los tipos de delitos y problemáticas de inseguridad que aparecen como más prioritarias desde el punto de vista de la política pública, orientada a proveer seguridad pública en territorios rurales.
De esta forma, fueron siete los aspectos identificados: violencia de género, intrafamiliar y vecinal; alcoholismo; drogas entre plantaciones extensivas de cannabis y microtráfico; robos problemáticos en zonas rurales: cables, insumos, animales y maderas; delitos emergentes: robos con violencia; robo en lugar habitado; alza estacional de los delitos.
El estudio propuso asimismo recomendaciones al contexto territorial de las comunas rurales a nivel nacional, proporcionando un marco de referencia sólido para el desarrollo de políticas y programas de seguridad adaptados a las particularidades territoriales de las comunas rurales.
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
El estudio sugirió recomendaciones y propuestas en seis distintos planos o dimensiones de la acción pública: enfoques y estrategias; prioridades; institucionalidad y gobernanza; procesos y gestión; recursos y programas.
Respecto del primero de los aspectos mencionados, la investigación concluyó que, dado que el principal problema de seguridad pública en las áreas rurales es la violencia de género y situaciones vinculadas al consumo problemático de sustancias, las perspectivas de derechos y seguridad humana son fundamentales para vertebrar una política de seguridad específica.
“Desde el ángulo de los derechos se percibe estas situaciones tienen que ver con la discriminación, exclusión y marginación histórica de territorios rurales, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables como las mujeres, los niños y los ancianos”, sostuvo al respecto el director del Observatorio Regional de la UOH, Eolo Díaz-Tendero.
En términos de seguridad humana, muchas de las comunas rurales más pobres no pueden centrar su acción exclusivamente en el delito, sino que deben incorporar en su diseño de política las amenazas multidimensionales propias de sus territorios: vulnerabilidad ante desastres naturales, inseguridad alimentaria, conflictos por recursos naturales y violencias estructurales.
