El Defensor regional de O’Higgins, Claudio Aspe realizó su informe de gestión a través de plataformas digitales en el que se dio cuenta del trabajo del equipo regional durante el 2019 y el primer semestre de 2020
El aumento de casi mil causas durante los meses de octubre y noviembre del año pasado a raíz del estallido social y la imperiosa atención de los detenidos en unidades policiales fue uno de los importantes desafíos que se enfrentaron exitosamente durante el último trimestre del 2019. Y cuando se preparaban para un segundo movimiento social que se estimaba para marzo, el escenario cambia nuevamente con la llegada del COID-19 y deben enfrentar el trabajo de defensa desde plataformas digitales, atendiendo a usuarios, participando en audiencias y realizando entrevistas a privados de libertad a través de pantallas. Sin embargo, pese a las dificultades, las cifras son exitosas, pues si bien el equipo de la Defensoría Regional se debió adaptar a los contextos, no hamermado su arduo trabajo en todos los ámbitos que debe cubrir.
Es así como el año pasado se atendió a un total de 23.166 personas, de las cuales el 19,6 % corresponde a mujeres, el 4.3 % a adolescentes, el 2.1% a extranjeros y el 0.4 % a personas de pueblos originarios.
En cuanto a los delitos más comunes atendidos por la Defensoría el 2019, estos fueron lesiones (21%) , amenazas (20%) y delitos por ley de tránsito (13%), y una vez más los delitos más violentos forman una parte menor de las causas atendidas durante el año pasado.
INOCENTES
Una cifra que siempre es preocupante es la del número de personas inocentes que, siendo inocentes, debieron pasar por un proceso penal. El 2019 en O’Higgins, 3232 personas pasaron por el sistema penal, resultando ser absueltas o sobreseídas al final del proceso. Más preocupante aún, de ellas, 61 personas pasaron entre 15 días y hasta dos años privadas de libertad. Situación que deja en cuestionamiento el actuar de los intervinientes del sistema.
Estallido Social
Desde el 18 de octubre a diciembre del año pasado – y a raíz de las movilizaciones sociales – la Defensoría debió iniciar un plan de atención en unidades policiales y coordinar con el Instituto Nacional de Derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para velar por la dignidad de los detenidos y controlar que las detenciones y posteriores audiencias se hicieran conforme a derecho y al debido proceso. Así durante el período las causas atendidas por la Defensoría aumentaron en 927, lo que exigió un mayor esfuerzo por parte de los equipos de defensa.
Pandemia
Ya en marzo de este año, cuando la Defensoría preparaba estrategias para abordar un posible segundo estallido social, se ve enfrentada a la emergencia sanitaria producto del COVID 19, lo que obligó a adaptarse a una nueva forma de trabajo que se basó en las plataformas digitales para desempeñar su labor en tribunales, unidades penales, atención de público y todas las tareas propias del servicio. De esta manera, cuidando a los colaboradores y usuarios, se ha realizado el trabajo a distancia con buenos resultados y logrando la cobertura total que los tribunales han demandado.
La misma pandemia trae prontamente el nuevo desafío de atender a las más de 6 mil personas que han sido detenidas o notificadas por delitos contra la salud pública (Art.398) pues es necesario informar a la comunidad sobre los escenarios que presentan estas causas y la afectación económica y personal que pudiese acarrear, es por ello que por estos días se desarrolla una campaña nacional que invita a las personas a informarse y recurrir a un defensor que le asesore y tome la mejor decisión.
