El también médico, manifestó que espera que los municipios y servicios inicien sumarios de inmediato y planteen una reforma legal para evitar nuevos abusos en el sistema
El senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, se refirió con firmeza al escándalo nacional por el uso fraudulento de licencias médicas, que involucra a más de 25 mil funcionarios públicos que salieron del país estando con “reposo médico”. La situación también afecta gravemente su zona, donde ya se han identificado más de 800 licencias vinculadas a trabajadores de las 33 comunas y otras reparticiones públicas.
«Estamos frente a un momento dramático. En O’Higgins no solo somos testigos de este fraude, somos parte del problema. Tenemos más de 800 licencias médicas emitidas de forma irregular, muchas de ellas utilizadas para salir del país estando supuestamente con reposo. Esto no puede quedar impune. Hoy vence el plazo para que los servicios públicos inicien los sumarios correspondientes, y exijo que el lunes cada municipio y repartición entregue un informe claro y transparente sobre los pasos que se han tomado», señaló el parlamentario.
Castro destacó que conversó con el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliatti -la comuna con mayor volumen de casos- quien le confirmó que la Corporación Municipal inició los procesos sumarios en los periodos 2023 y 2024. Sin embargo, advirtió que se requerirá una respuesta coordinada y contundente en toda la región.
«Esto no se trata solo de sanciones. Se trata de recuperar la fe pública, de impedir que el sistema de salud sea utilizado para burlar al Estado. Lo que corresponde es aplicar medidas ejemplares, que pueden llegar incluso a la destitución de los funcionarios involucrados ya la recuperación de los recursos pagados por licencias fraudulentas», agregó.
El senador —médico de profesión— también adelantó que propondrá reformas legales para cerrar los vacíos que han permitido el abuso de este instrumento: Fortalecer el rol de Fonasa como ente de admisibilidad inicial de las licencias médicas; asignar mayores facultades a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) para controlar el uso de reposos y no solo las apelaciones; establecer igualdad de criterios entre trabajadores del sector público y privado para el pago del subsidio por incapacidad laboral, el cual deberá validarse solo tras confirmar el cumplimiento del efectivo del reposo y limitar el número de licencias que puede emitir un médico, y obligar justificación si se excede un umbral razonable.
«Este caso marca un antes y un después. No es solo un problema médico o administrativo. Es un fraude contra el Estado, cometido desde el propio aparato público. Y como senador, médico y representante de O’Higgins, no voy a bajar los brazos hasta que se llegue al fondo y se impongan todas las sanciones que correspondan», sentenció Castro.
