El comunicado emitido por el Instituto Nacional de Deportes tras el partido de Universidad de Chile en el Estadio Nacional vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda, pero inevitable
Daños por fuego en graderías, baños destruidos, puertas removidas, afectaciones en zonas de acceso y espacios exteriores no son solo un problema operativo. Son el reflejo de una relación quebrada entre parte del fútbol chileno y sus propios espacios.
El Estadio Nacional no es un recinto cualquiera. Es patrimonio deportivo, histórico y social. Allí conviven el alto rendimiento, el deporte formativo, actividades comunitarias y eventos culturales. Cada daño provocado en su infraestructura no afecta únicamente a un club o a un partido específico. Afecta a miles de personas que utilizan ese espacio durante el año y a un Estado que debe destinar recursos públicos para reparar lo que un grupo reducido destruye.
El comunicado del IND es claro en un punto que muchas veces se diluye entre declaraciones cruzadas y responsabilidades compartidas. La violencia no solo daña muros, rejas o baños. Daña la programación deportiva, suspende actividades comunitarias, limita el acceso a familias y niños, y refuerza la idea de que el estadio es un lugar hostil. Desde la gestión deportiva, ese es el peor escenario posible: un recinto que deja de cumplir su función social.
Hay un elemento que no se puede ignorar. Cada vez que ocurren estos hechos, la respuesta suele ser más controles, más restricciones y más costos. El resultado es predecible. Suben los precios de las entradas, se reducen aforos y se endurecen las condiciones de acceso. Quienes terminan pagando son los hinchas que sí cumplen las normas, los clubes y, finalmente, toda la ciudadanía. La violencia se transforma así en un impuesto encubierto al deporte.
Desde una mirada más amplia, este tipo de episodios también impacta en el rendimiento deportivo. Está ampliamente documentado que los entornos percibidos como inseguros elevan los niveles de estrés en jugadores, cuerpos técnicos y funcionarios. El estadio deja de ser un espacio de apoyo y se convierte en una fuente adicional de tensión. El fútbol pierde calidad, y el espectáculo se degrada.
El caso de Universidad de Chile no es aislado ni exclusivo. Es parte de un problema estructural que el fútbol chileno no ha logrado resolver. Durante años se ha intentado convivir con grupos violentos bajo la lógica de que son “parte del folklore”. El resultado está a la vista. Infraestructura dañada, familias alejadas de los estadios y una permanente sensación de conflicto.
El énfasis del IND en que el Estadio Nacional es un espacio de todas y todos los chilenos no es retórico. Es un recordatorio de que el deporte no puede seguir siendo rehén de quienes confunden apoyo con destrucción. Cuidar los recintos deportivos no es solo una obligación legal, es una condición mínima para que el deporte cumpla su rol social.
El desafío ya no es diagnosticar. Eso está hecho. El desafío es tomar decisiones coherentes y sostenidas. Sanciones efectivas, responsabilidades claras y una señal inequívoca de que la violencia no tiene cabida real, no solo discursiva. Cada comunicado como este es una advertencia. La pregunta es cuánto más se está dispuesto a tolerar antes de asumir que el fútbol, para sobrevivir, necesita recuperar algo básico: el respeto por sus propios espacios.
