En el ámbito de la seguridad, Chile enfrenta hoy múltiples desafíos, entre los cuales destaca la necesidad de operativizar un verdadero plan de coordinación entre el sector público y privado, en los términos que señala la nueva Ley sobre Seguridad Privada, y que entre otras cosas, permitirá mejorar la persecución penal
Es impreciso pensar que todo pasa por el aumento en la dotación de policías para resolver los problemas de delincuencia. Si bien existen oportunidades de mejora entorno a la gestión policial, esto debe hacerse utilizando los datos disponibles mediante la integración de la mayor cantidad de fuentes de información disponible, sean públicas como privadas, tal como ha pretendido establecer el legislador en el marco de la Ley de Seguridad Privada y de forma global en el Plan Nacional de Seguridad.
En ALTO, justamente buscamos colaborar activamente como operadores del sistema de justicia criminal, desde el análisis de la información delictual, identificando patrones, vinculando eventos, aportando evidencia y presentando casos sólidos que permitan apoyar la tarea del Ministerio Público en la obtención de condenas y disminuir los delitos. Buscamos trabajar de manera coordinada, y los resultados alcanzados en los mercados donde operamos nos han demostrado que el sector privado puede ser un aliado estratégico en la lucha contra el delito.
Hemos sido testigos de cómo la coordinación entre el sector público y empresas privadas genera resultados eficaces en el combate a la delincuencia, generando ambientes más seguros. Esto lo vemos en todos los países donde hemos logrado operar: Estados Unidos, Colombia, México, Chile y España. En el caso específico de Chile, cuando hemos trabajado en coordinación público privada con el Ministerio Público, hemos conseguido incrementar en casi un 300% los resultados exitosos o en los procesos penales.
En 2024, en nuestro país, gracias al trabajo coordinado que realizamos con diversas empresas, hemos logrado reducir un 78% los delitos en la industria logística, un 74% en la industria minera y un 40% en las grandes tiendas comerciales respecto a 2023. En este caso, estamos hablando desde delitos menos complejos como el hurto, hasta delitos violentos que involucran a bandas organizadas que atacan empresas de distintos rubros. En la misma línea, en Colombia hemos disminuido hasta un 27% los delitos y en México, un 30% en retail.
También es posible hacer un paralelo con nuestro trabajo en Ciudad de México, que a pesar de tener una población más grande que todo Chile, implementó un sistema denominado C5, consistente en un centro de control en el que se ha apostado por la tecnología para unificar información de más de 25 servicios públicos y privados relacionados con emergencias y seguridad.
Este sistema permite que, en caso de emergencia, los servicios lleguen al lugar en un máximo de 5 minutos, gracias a la integración de más de 65 mil cámaras conectadas en tiempo real. Lo más relevante es que lograron reducir drásticamente los tiempos de respuesta, y todo esto sin requerir cambios legislativos drásticos.Por otro lado, en Estados Unidos contamos con más de 700 convenios con departamentos de policía, fiscalía, compartimos información, trabajamos juntos y aportamos evidencia, que, de otra forma, sería imposible lograr.
Sin duda, la colaboración entre el sector público y privado desempeña un rol fundamental en el ámbito de la seguridad. Estamos convencidos de que las empresas pueden aportar soluciones innovadoras y recursos que fortalezcan estratégicamente en esta materia, contribuyendo a que nuestro país recupere la seguridad.
