Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo durante el 2022, los países de América Latina y el Caribe destinaron solo el 3,8% del PIB a educación, por debajo de la recomendación mínima de la UNESCO (4%-6% en el marco de Educación 2030)
En el caso de Chile, Según Education at a Glance de la OCDE, 2024, nuestro país destina 5,9% del PIB a instituciones educativas en los niveles primario a terciario (incluida I+D), frente a un promedio OCDE de 4,9%, ubicándose entre los países con mayor esfuerzo relativo.
Aunque el gasto por estudiante sigue siendo bastante menor que el promedio de países desarrollados, lo que podría ayudar a explicar las brechas persistentes en resultados de aprendizaje en nuestro sistema educativo. En particular, Chile tiene un gasto total por estudiante, desde la educación primaria hasta la terciaria, inferior a la OCDE en términos absolutos, sin embargo, es el 26% del PIB per cápita. Sin duda, que lo anterior nos interpela a establecer la educación pública como un derecho, con un sistema público de la más alta calidad, donde es necesario una mayor inversión para alcanzar el desarrollo económico que el país requiere.
Próximamente nos enfrentaremos todos los chilenos al balotaje y en este sentido ¿Cuáles son los puntos claves que los candidatos a la Presidencia de la República debiesen considerar en materia educativa atendiendo los datos de inversión?
Para que un país crezca en justicia social y equidad como lo plantea la UNESCO, debiese profundizar y fortalecer las mejoras en la educación pública, tanto en infraestructura, inversión en tecnologías educativas, en cantidad de estudiantes por sala, y reforzar la planificación estratégica de los equipos directivos y docentes para poder garantizar las trayectorias formativas de todos los estudiantes. Ir en el sentido contrario nos puede hacer retroceder en la modernización que requiere el país. Sin duda, que es fundamental insistir en priorizar la educación inicial para la primera infancia, pero aquello no debiese implicar desfinanciar otros niveles del sistema. Esto supone revisar y ampliar la gratuidad en Educación Superior, de tal forma se mejore la cobertura universal.
Hoy en día, a partir la neuroeducación, que integra perspectivas de la neurociencia, la psicología y la educación, se debe insistir en la relevancia de la salud mental de los estudiantes y profesores. Se aprende y se enseña más cuando los entornos educativos están protegidos, aquello implica tener plena seguridad en nuestras escuelas y compartir un sentido de respeto, de proyecto educativo y utilizar todas las estrategias y los equipos necesarios para incidir en la capacidad de aprender de los estudiantes y en la efectividad de la enseñanza de los profesores.
En una sociedad con sentido democrático es necesario articular todo el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación en Chile (Ministerio de Educación, Superintendencia de Educación, Agencia de Calidad de la Educación y el Consejo Nacional de Educación) con la finalidad de promover adecuadas políticas educativas que permitan mejorar la carrera docente y en perspectiva la carrera directiva, los espacios formativos profesionales y disciplinares pero también las remuneraciones de los profesores.
Por último, respecto del desarrollo curricular, más allá de las actualizaciones necesarias, es fundamental que los establecimientos educativos cuenten con políticas que promuevan la innovación, la reflexión de sus docentes, el uso de tecnologías y la implementación de la inteligencia artificial.
Desde ya, no se puede pensar en educación sin un enfoque inclusivo, donde el Estado sea garante de que todos los estudiantes tengan la certeza de iniciar su formación, desde el nivel inicial y puedan terminar sus estudios en educación superior. Estos desafíos como país en materia educativa es labor de nuestros futuros gobernantes.
