El pasado 22 de mayo se inició la audiencia de preparación del Juicio Oral por el homicidio calificado del joven Tomás Acevedo Olea, quien fue brutalmente asesinado a finales del mes de julio de 2019 a los 17 años de edad y donde se encuentran imputados una menor de 14 años y su entonces pareja Ulises Labrín de 23. Un macabro homicidio, donde el joven scout de San Vicente de Tagua Tagua falleció producto de más de 200 puñaladas por parte de los imputados, en las orillas del estero Zamorano.

“En la actualidad”, explica el asesor jurídico de la familia de Tomás Acevedo Olea, René Ponce Arce, ”la menor se encuentra actualmente con la medida cautelar de internación provisoria en un régimen cerrado, mientras que Labrín se encuentra en prisión preventiva mientras dure el juicio, que se seguirá tramitando el próximo 09 de Junio”.

“Se ha intentado en dos ocasiones por parte de la defensa la modificación y revisión de dichas medidas cautelares, sin embargo, en ambas audiencias se han denegado las solicitudes de los imputados por parte del Juzgado de Garantía de la comuna”, comenta el abogado, mientras se avanza en los preparativos para el juicio oral.

“Pedimos se le sancione a ambos imputados con la máxima penalidad actualmente vigente”, explica Ponce. Sin embargo, en caso de la menor, “la familia sabe que la imputada del crimen estará un máximo de cinco años en un régimen cerrado por la limitación actual de la Ley de Respondabilidad Penal Adolescente y saldrá con un registro de antecedentes limpio, como beneficio de la actual legislación. Por ello, esperamos que el Tribunal acoja nuestros argumentos, a modo de entregarle la justicia limitada en relación a las pretensiones reales que hoy se ofrece a la familia de Tomás con la legislación vigente”.

LEY JOAQUÍN

En ese contexto, el diputado de la UDI, Javier Macaya, hizo un llamado a que se avance en el Senado la tramitación de la llamada ‘Ley Joaquín’, que modifica los beneficios que existen para los imputados alcanzados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, principalmente por el espíritu de reintegración social que establece la actual normativa.

“La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara en el año 2017 y lamentablemente, a pesar de varios intentos por acelerar la tramitación de esta ley,  donde incluso le hemos pedido al Ejecutivo que le dé urgencia a su discusión, sigue estancada en la Comisión de Constitución del Senado”, explicó el parlamentario.

Macaya subrayó que se hace necesario “realizar modificaciones a la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, y que los menores que cometen delitos o crímenes como el de Joaquín Fernández y Tomás Acevedo Olea, respondan conforme a la gravedad de sus propios actos. Por eso el proyecto que presentamos a fines de 2016, introduce modificaciones a la actual ley con el fin de distinguir entre dos tramos etarios, de 14 a 15 y 16 a 17 años, restringiendo para este último grupo ciertos beneficios que no conducirían a la rehabilitación en casos de delitos más graves”.

“Hemos estado con la familia de Tomás desde el primer momento, brindándoles todo el apoyo posible. Y por eso es muy importante el rol que han tomado ellos en el debate público en introducir cambios a la LRPA, juntando firmas para impulsar la ‘Ley Tomás’ y endurecer las penas de los delitos cometidos por menores de edad, con penas idénticas a las de un régimen ordinario penal, y que legislemos para derogar los límites legales sobre la máxima penalidad aplicable en menores de edad para crímenes con penas superiores a cinco años, de manera tal que el sufrimiento y sentimiento de injusticia que tienen ellos hoy no se repita para las futuras generaciones”, concluyó el diputado.