Gremialista recordó que en 2017 ingresó un proyecto al Congreso para que la Cámara Baja también pueda ejercer su rol fiscalizador sobre miembros del Ministerio Público, como el Fiscal Nacional y fiscales regionales
El diputado de la UDI, Issa Kort, adelantó este domingo que pedirá al Gobierno, junto al resto de la bancada gremialista, que se dé urgencia a un proyecto de ley ingresado en septiembre de 2017, que permite a la Cámara de Diputados acusar constitucionalmente al Fiscal Nacional y a los fiscales regionales del Ministerio Público.
El legislador gremialista indicó que es urgente reimpulsar esta iniciativa, luego del “triste espectáculo que han dado por la prensa dos fiscales de la región de O’Higgins en donde acusaciones cruzadas y filtraciones de medios de prueba, han puesto en tela de juicio por parte de la ciudadanía, de la opinión pública, la forma en que se está desempeñando y administrando el rol persecutor por parte del Estado de Chile a través del Ministerio Público”.
“Es por eso”, agregó Kort, “que nosotros queremos pedir al Gobierno, y vamos a hacer las gestiones con los ministros respectivos para que se pueda dar urgencia a un proyecto de ley que presentamos el 2017, previniendo precisamente este tipo de situaciones, en donde esperamos que los fiscales, al igual que otras altas autoridades del Estado, puedan ser acusados constitucionalmente, ya que deben rendir también una cuenta ante otro órgano, como lo es el Congreso Nacional”.
En ese sentido, el parlamentario gremialista hizo un llamado a todos los sectores políticos a “no encontrar acá criterios ni trincheras políticas”, con respecto a la posibilidad de acusar constitucionalmente a los fiscales, sino buscar “que todos podamos tener la responsabilidad de ejercer y administrar el cargo que la ciudadanía nos entrega, para poder también fiscalizar a los fiscales, quienes están desempañando un rol tan importante como es el buscar y perseguir la justicia, a través de la persecución de delitos”.
“Nuestro país requiere de instituciones sólidas capaces de ser interpeladas institucionalmente de sus actos, cuando estos se han apartado de los previsto constitucional y legalmente, y la acusación constitucional es una herramienta que permite un control eficiente de la legalidad de los actos de las más altas autoridades, donde debieran estar incluidos también los fiscales”, finalizó Kort.
