49 fiscalizaciones se han resuelto a personas jurídicas y naturales en la región, por un monto total de 5.609 UTM
La Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, realizó un positivo balance respecto a su labor de fiscalización en la región de O’Higgins durante el primer semestre de 2024, ya que según el informe entregado por la ministra Jessica López, a nivel regional se han aplicado multas por un monto total de 5.609 UTM, equivalente a 369.638.709 millones de pesos. En tanto, a nivel nacional, se cursaron 380 multas, equivalente a $4.150 millones.
En este sentido, la ministra de Obras Públicas destacó la importancia de estas acciones, señalando que «la labor de fiscalización del Ministerio y la Dirección General de Aguas durante el primer semestre del año 2024, es una gestión que cada vez es más intensa; que en el escenario de escasez hídrica se hace cada vez más importante para el adecuado, correcto y uso estricto del agua que las personas naturales o jurídicas tienen asignadas».
Durante el primer semestre de 2024, se han resuelto un total de 49 multas a personas jurídicas y naturales en la región de O’Higgins, reflejando la firmeza con la que se está abordando el cumplimiento de las normativas relacionadas al uso del recurso hídrico.
La seremi de Obras Públicas, María de los Ángeles Latorre, subrayó la relevancia de estas fiscalizaciones, afirmando que «es importante trabajo realizado por la Unidad de Fiscalización de la DGA en la región, ya que permite garantizar que el uso del agua se realice de manera responsable y dentro del marco legal establecido. Nuestro objetivo no es la recaudación de dinero, sino asegurar que se respeten las normas y avanzar en la seguridad hídrica de todos los habitantes de nuestra región».
Respecto a las infracciones al Código de Aguas más sancionadas en O’Higgins, la autoridad regional indicó que «estas han sido el monitoreo de Extracciones Efectivas, el incumplimiento en el registro de obras, la falta de instalación de sistemas de medición y transmisión, así como la no información de la extracción de caudales. También se han detectado casos de extracción de agua no autorizada y la modificación de cauces, como la extracción de áridos y la realización de obras sin los permisos correspondientes».
Finalmente, se reitera que la labor de la DGA no es perseguir fines recaudatorios, sino que busca prevenir las infracciones y promover un uso sostenible del agua, contribuyendo a la protección de un recurso vital que cada vez es más escaso.
