Monitoreo, fiscalización y datos técnicos marcan la nueva etapa de la gestión del agua en O’Higgins
La directora regional de la DGA detalla los efectos de la reforma al Código de Aguas, la expansión de la red hidrométrica y los desafíos que abre una agenda hídrica cada vez más estratégica
El agua se ha convertido en uno de los temas más estratégicos para el desarrollo de los territorios. La reforma al Código de Aguas marcó un punto de inflexión en la forma en que el Estado regula, prioriza y fiscaliza su uso, instalando nuevas exigencias técnicas y una mirada centrada en las personas y los ecosistemas.
En la Región de O’Higgins, la Dirección General de Aguas (DGA) ha impulsado una agenda que combina fortalecimiento institucional, expansión de la red de monitoreo y un rol más activo en fiscalización, junto con un aumento sostenido de las solicitudes y de la demanda por información pública de calidad.
En esta entrevista, Dayanna Aravena Garrido, directora regional de la DGA, explica cómo se está implementando este nuevo marco, qué cambios ya están en marcha y por qué la gobernanza del agua se proyecta como uno de los ejes clave para el desarrollo regional en los próximos años.
¿Cómo se traduce hoy el mandato institucional de la DGA en términos de gobernanza del agua y gestión del recurso en la región?
Como servicio dependiente del Ministerio de Obras Públicas, nuestra misión es velar por el equilibrio y la armonía en el uso de las aguas, promoviendo una gobernanza responsable que resguarde su preservación y disponibilidad, tanto en calidad como en cantidad.
Entre nuestras principales funciones se encuentran la planificación del desarrollo de los recursos hídricos, la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas, la investigación y medición del recurso, la operación del Servicio Hidrométrico Nacional y la fiscalización del cumplimiento del Código de Aguas.
Desde el punto de vista regulatorio, ¿qué implicó la reforma al Código de Aguas para el marco de gestión hídrica en Chile?
La reforma al Código de Aguas significó un cambio normativo profundo, al reconocer el acceso al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial e irrenunciable, y establecer que el agua es un bien nacional de uso público, cuyo dominio y uso pertenecen a todas y todos los habitantes del país.
¿Qué criterios de priorización introdujo esta reforma en la asignación y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas?
Esta reforma consagró, además, la prioridad del abastecimiento para el consumo humano, el saneamiento y el uso doméstico de subsistencia, tanto en el otorgamiento como en el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas.
¿Cómo impactó esta transformación normativa en la carga operativa y en las capacidades institucionales de la DGA regional?
Su implementación trajo consigo un aumento significativo de solicitudes vinculadas a derechos de aprovechamiento y a diversas materias asociadas a la gestión del recurso hídrico, lo que exigió fortalecer nuestras capacidades institucionales.
En ese contexto, durante los últimos años se ha incrementado progresivamente la dotación del servicio, permitiéndonos responder de mejor manera a las demandas de la ciudadanía.
En términos de información y monitoreo, ¿qué cambios estructurales se han impulsado en la red hidrométrica regional, especialmente en aguas subterráneas?
Uno de los avances más relevantes de este período ha sido el fortalecimiento de la red hidrométrica en la región, especialmente en el ámbito de las aguas subterráneas.
Hoy contamos con más de 15 estaciones nuevas y nuestro objetivo es continuar ampliando esta red en los próximos años, con el fin de monitorear el comportamiento del agua, mejorar la gestión de los recursos hídricos y anticipar eventos, permitiendo una planificación eficiente y una mayor protección de las comunidades frente a riesgos como inundaciones.
¿Cómo evalúa el rol de la fiscalización y cuáles son los principales ejes de la proyección institucional de la DGA en la región?
Solo en 2025 se han realizado más de 200 fiscalizaciones en toda la región de O’Higgins, tanto por denuncias de terceros como de oficio, concentrándose principalmente en modificaciones de cauces y extracciones ilegales de agua.
Los avances alcanzados durante estos años reflejan un trabajo sostenido por modernizar la gestión del agua, fortalecer la información técnica, fiscalizar con mayor eficacia y avanzar hacia una gobernanza hídrica más justa y sostenible.
Como Dirección General de Aguas, seguiremos trabajando con responsabilidad y compromiso, entendiendo que el agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo de los territorios y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
La agenda que describe Dayanna Aravena muestra una gestión del agua cada vez más apoyada en datos, monitoreo y fiscalización, tres pilares que comienzan a ordenar la toma de decisiones públicas y privadas en los territorios.
En una región expuesta a sequías, eventos extremos y tensiones por el uso del recurso, la calidad de la información y la capacidad institucional pasan a ser activos estratégicos.
Hacia adelante, el reto será consolidar estas capacidades, profundizar el trabajo con usuarios y comunidades y traducir la reforma en resultados visibles para las personas y los ecosistemas.
En esa tarea, la gobernanza del agua aparece no solo como una obligación legal, sino también como una oportunidad para fortalecer el desarrollo territorial, la resiliencia y la confianza en la gestión pública.
