Alcaldes, policías y el Ministerio Público expusieron nudos críticos en seguridad, como accesos sin control, déficit de dotación y falta de brigadas investigativas, en el marco del debate por la pronta implementación de la nueva normativa
Con una amplia participación de autoridades nacionales, regionales y comunales, este viernes se desarrolló en la ciudad de San Fernando el conversatorio regional sobre la nueva Ley de Seguridad Municipal, instancia que permitió analizar su próxima implementación y recoger las principales preocupaciones de los territorios frente al avance del delito en la región de O’Higgins.
La actividad fue encabezada por el senador por la región de O’Higgins, Juan Luis Castro, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, y contó con la participación de alcaldes y alcaldesas de la región, representantes del Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), diputados electos, consejeros regionales, concejales y sociedad civil.
Durante el encuentro, el senador Castro destacó que la nueva ley —cuya promulgación se concretará en los próximos días— representa un avance sustantivo, pero subrayó la necesidad de que su aplicación tenga un fuerte anclaje territorial. “Este es un instrumento que debe aterrizar en las regiones. Los municipios hoy se sienten muchas veces con las manos atadas frente al delito, con falta de recursos y una ciudadanía indignada. Por eso valoramos que esta ley se discuta en terreno, antes incluso de su publicación, para asegurar que se aplique con rigor y con un enfoque colaborativo”, señaló el parlamentario.
Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, explicó que la normativa fortalece el rol preventivo de los municipios, protege a los funcionarios de seguridad municipal y entrega nuevas herramientas para la colaboración con las policías. Asimismo, detalló que tras la promulgación se abrirá un período de seis meses de vacancia legal destinado a la implementación, capacitación y coordinación con los gobiernos locales. En ese contexto, destacó avances preliminares en la región, como la baja en los homicidios, aunque recalcó que “estos resultados deben profundizarse y sentirse plenamente en la vida cotidiana de la ciudadanía”.
Desde el mundo municipal, la alcaldesa de Mostazal, Verónica Arroyo, valoró la ley como una herramienta largamente esperada por los municipios, pero advirtió sobre debilidades estructurales en materia de control territorial. En particular, planteó la fragilidad de los accesos a la región, apuntando a la Cuesta Chada como un segundo ingreso sin control efectivo, lo que facilita el acceso y salida de personas que vienen a delinquir.
En la misma línea, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, relevó la necesidad de fortalecer la presencia investigativa en su comuna, planteando la urgencia de contar con nuevas brigadas especializadas de la PDI para enfrentar de mejor manera los delitos complejos. Estas demandas fueron respaldadas por el prefecto de la Policía de Investigaciones, Richard Biernay Arriagada, quien coincidió en la necesidad de reforzar las capacidades operativas en la región.
Desde el ámbito policial, el jefe de la Sexta Zona de Carabineros, General Guillermo Bohle Guichacoi, agradeció el reciente aumento de dotación en la región, aunque reconoció que aún es insuficiente frente a la magnitud del fenómeno delictual, mientras que el Ministerio Público, a través de su representante regional, Aquiles Cubillos, subrayó la urgencia de fortalecer la Fiscalía Regional, tanto en recursos humanos como en capacidades investigativas.
Más atribuciones y estándares para la seguridad municipal
La nueva Ley de Seguridad Municipal reconoce expresamente el rol preventivo de los municipios en seguridad pública, crea y regula la figura del inspector de seguridad municipal y fortalece la protección de los funcionarios frente a agresiones en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, establece mecanismos formales de coordinación con Carabineros, la PDI y el Ministerio Público, regula el uso de tecnologías como la televigilancia y habilita nuevas formas de contratación de personal de seguridad. La normativa incorpora además exigencias de probidad, como la obligación de realizar exámenes de drogas a directores de seguridad, inspectores municipales, alcaldes y concejales, junto con estándares comunes de capacitación y control, con el objetivo de reforzar la prevención del delito desde los territorios.
El conversatorio permitió instalar un diagnóstico compartido y avanzar en un diálogo directo entre el nivel central y los territorios, reafirmando que la seguridad pública requiere una acción coordinada y sostenida en el tiempo. En ese sentido, las autoridades coincidieron en que la nueva Ley de Seguridad Municipal puede transformarse en una herramienta clave para fortalecer la prevención del delito, siempre que vaya acompañada de recursos, coordinación institucional y un compromiso permanente del Estado en la región de O’Higgins.
