En enero de 2018, el Papa Francisco visitó la cárcel de mujeres de San Joaquín, en la Región Metropolitana, y en esa ocasión la capellana del recinto, hermana Nelly León le dijo «en Chile se encarcela la pobreza»
La frase tomó vuelo, se convirtió en un lema, y muchos políticos, abogados y periodistas, pensaron que era un diagnóstico adecuado de la situación de las cárceles en Chile. Lamentablemente, nadie pensó en consultarle a los magistrados si eso era cierto.
¿Creerán que el juez manda a buscar pobres para llenar celdas vacías? ¿que la ley pone penas más altas por no tener dinero? ¿o que la policía busca transeúntes en barrios marginales para «cumplir la cuota»?
La realidad, sin embargo, es completamente otra. En el sistema penal chileno se coordinan muchas instituciones, cada una con miles de profesionales, no solo del derecho, sino también de la salud y la ciencia social, y su respectivo personal de apoyo. El Poder Judicial, Ministerio Público, la Defensoría Pública, los abogados privados, Carabineros, PDI y Gendarmería, el Servicio Médico Legal y Sename, además de los programas sectoriales de varios ministerios y fundaciones. Sería triste, si no catastrófico, pensar que toda esa gente trabaja para «encarcelar la pobreza».
Sí debemos reconocer que la percepción de que los pobres acaban en la cárcel parte de un dato real: no solo en Chile, en todo el mundo los sistemas penales afectan más a ciertos grupos excluidos. Hay estadísticas y estudios que una y otra vez lo confirman. La causa de fondo, sin embargo, no es la pobreza en sí misma.
El sistema penal, con todo el tiempo y dinero invertido en él, y las múltiples instituciones que lo componen, buscan castigar el delito, pero evitando condenar a un inocente. A eso apuntan los miles de audiencias, pruebas y debates que ocurren en tribunales cada día, y el caudal de una persona simplemente no es un tema. Es más, para que el pobre no esté en desventaja, el Estado proporciona abogados defensores a quien no pueda pagarse uno.
Algunos se quejan de que «le ponen abogados a los delincuentes», pero es necesario hacerlo, precisamente porque sabemos que los pobres son más vulnerables en tribunales, y nadie, mucho menos los jueces, aceptaría que alguien esté preso solo por no tener quien le aconseje y hable por él.
Entonces ¿cómo es que la mayoría de los presos son pobres? La respuesta radica en la marginalidad.
Cuando las personas no pueden desarrollar sus capacidades e integrarse a la comunidad donde viven, surge la marginalidad, y eso ocurre en todas las sociedades, desde Suecia a Chile. La discriminación y la falta de oportunidades, a su vez, se expresan en conductas que generan pobreza, por una parte, y criminalidad por otra. Ambas se vinculan entre sí, como ramas de un solo tronco, que es la marginalidad, pero ni son lo mismo, ni una es causa de la otra.
En realidad, en Chile no encarcelamos pobreza, sino reincidencia. Gran parte de las sentencias que dictan los jueces chilenos no se cumplen con cárcel, sino firmando. Según la ley, cuando la primera condena no supera los 3 años, el responsable cumple su pena firmando ante Gendarmería una vez al mes, por un año generalmente.
Con esto se busca que un primerizo no se contamine en la cárcel, y que no pierda su trabajo. Si a eso se suma que las penas en Chile son bajas, y se reducen todavía más por la atenuante de conducta anterior irreprochable, resulta que la firma mensual será toda la pena que reciben la gran mayoría de los delitos, de nuevo, sin importar si los comete alguien rico o pobre.
Solo al delinquir por segunda o tercera vez, surge el peligro de que una persona vaya a la cárcel, y por lo mismo, la mayoría de los presos ya han tenido dos o tres «encuentros con la justicia». En realidad, están ahí porque son reincidentes. En Chile nadie va preso por estafar, conducir ebrio, o golpear a su pareja una vez, sin importar cuánto dinero tenga.
A pesar de eso, las cárceles están llenas. El asunto no es tanto evitar el delito, sino que quien lo comete por primera vez modifique el estilo de vida que lo llevó a hacerlo. Pero ese es otro tema.
JUEZ DEL JUZGADO DE GARANTÍA DE GRANEROS, PATRICIO ACEVEDO
