Con 120 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, este miércoles fue despachado al Senado el proyecto de ley que reajusta el salario mínimo a $500.000 pesos, de forma gradual, a partir de julio del próximo año y que incluye un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas
Según señaló la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara, con este proyecto de ley, “estamos dando cumplimiento a un compromiso del Programa de Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y esos compromisos se hacen, se empujan y se cumplen. Las familias chilenas van a pasar de un salario mínimo de $410.000 a $500.000, con apoyo a la pequeña y mediana empresa, con gradualidad en su implementación y con la convicción de que es necesario para mejorar la vida de las familias de nuestro país”.
En este sentido, la secretaria de Estado destacó la transversalidad en la aprobación de la iniciativa, tanto con votos del oficialismo como de la oposición. “Agradecemos a los parlamentarios y las parlamentarias que hoy día estuvieron dispuestos a apoyar este proyecto de ley: al oficialismo, a nuestros partidos de la alianza de Gobierno, a los parlamentarios de la oposición, a aquellos que no se negaron al debate y que estuvieron disponibles para conversar, al Partido de la Gente, a la Democracia Cristiana, a Renovación Nacional, a Evópoli, y a todos aquellos que se sumaron en esta discusión. Así crece Chile, incluyendo a todos y a todas”, dijo la ministra Jara.
¿Qué pasa con los trabajadores de la Región de O’Higgins
De acuerdo a cifras del Observatorio Laboral de O’Higgins, actualmente en la región quienes ganan el sueldo mínimo representan el 14% del mercado laboral, esto es poco más de 55 mil personas. Al respecto la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Doris Rodríguez Zavalla, destacó “el avance de este proyecto de ley que permitirá a las familias de la región afrontar el alza del costo de la visa y con ello mejorar su calidad de vida, al acceder a un salario que los deje fuera de la línea de la pobreza. Sin duda alguna se trata un paso fundamental, que permitirá que a partir de este mes de mayo se eleve a $440 mil pesos, para continuar avanzando en septiembre de este año a $460 mil pesos, hasta llegar a los esperados $500 mil pesos. Es un momento histórico para los trabajadores y trabajadoras, que esperamos culmine con su aprobación y despacho en el Senado”, concluyó.
Aún cuando parte de la oposición anunció el rechazo del proyecto de ley, una nueva idea que permitió destrabar las inquietudes de los parlamentarios fue la propuesta que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dio a conocer en la Sala de la Cámara, minutos antes de la votación. Planteó que en el Senado se incorporará como indicación que la tasa del Impuesto de Primera Categoría en el régimen Pyme será de 12,5% en 2024, y no subirá a 25% como señala la normativa. Esto se suma al artículo que mantiene en 10% el gravamen para este año.
“Este proyecto tiene un costo importante para el Estado, expresado en subsidios que se entregan a las micro, pequeñas y medianas empresas para absorber el costo del ingreso mínimo, y en la postergación del incremento de la tasa del Impuesto de Primera Categoría en 2023 y 2024. En beneficio para las Pymes significa un monto superior a los US$1.200 millones distribuidos en tres años, es un volumen importante de recursos que va a un sector que emplea gran cantidad de trabajadores y que muchas veces le cuesta abrirse camino y acceder a distintos recursos”, afirmó el ministro Marcel, al valorar que, por segundo año consecutivo, exista apoyo estatal a este segmento de empresas.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, afirmó que “hemos logrado, tal como hicimos el año pasado, un acuerdo muy amplio con una cantidad mayoritaria de MiPymes en torno a este subsidio y, de esa manera, con mucho diálogo social y con mucha conversación, hemos logrado que no se contrapongan las y los trabajadores con las empresas de menor tamaño», dijo el secretario de Estado.
Cabe señalar que el Ejecutivo, a través de los ministerios del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, ingresó el proyecto al Congreso en el mes de abril, tras un acuerdo suscrito con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
