La iniciativa fue aprobada por mayoría de la Cámara de Diputados, y exigirá pruebas a quienes realicen dichas labores, cada 4 meses y a costo del empleador
Por 134 votos a favor, la sala de la Cámara de Diputados aprobó (en su primer trámite legislativo) el proyecto de ley que busca exigir a operadores de buses de transporte público y privado la realización de test de drogas y alcohol a sus conductores, como una medida para fortalecer la seguridad vial en un rubro que implica la movilización de pasajeros.
La iniciativa, dentro de sus principales alcances, exigiría a las empresas a realizar, cada 4 meses, diversas pruebas (respiratorias o de sangre, entre otras), que permitan detectar la presencia de alcohol, estupefacientes o sustancias sicotrópicas ilícitas a todo el personal de conducción, a costo de las propias empresas.
A esto, se deberá sumar la creación de un reglamento, dictado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y suscrito por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que establezca y regule la modalidad de ejecución de los tests, siempre con el fin de mantener la reserva de resultados, limitando su acceso, tratamiento y uso estrictamente a fines de seguridad y prevención. Los empleadores deberán incorporar estos procedimientos en sus reglamentos internos de orden, higiene y seguridad.
Adicionalmente, se establecerán como periodos para la ejecución de dichos test el inicio o término de la jornada laboral, buscando complementar el trabajo que se realiza en esta materia por personal de Carabineros, o bien, de Senda.
Por otro lado, el proyecto de ley también exige como obligación el mantener un registro de las pruebas realizadas, con el fin de verificar el cumplimiento de los análisis.
En caso del incumplimiento de la medida, las empresas se exponen a sanciones pecuniarias que van entre las 2 a las 10 UTM por cada ocasión en que se verifique la infracción.
Con la aprobación, será finalmente el Senado quien definirá si el proyecto concluye su discusión parlamentaria, o bien, requerirá de un tercer trámite.
