Nos parece confusa la información que se ha entregado por cuanto lo hemos señalado el proyecto de ley que originalmente se presentó al Congreso ya no existe

La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados suprimió el artículo único del proyecto y la pretensiones de introducir modificaciones en el sistema con un aumento de penas a menores fueron rechazadas en votación al interior de la referida Comisión.

Con ello, sin embargo, se abrió el espacio para introducir un par de indicaciones y crear un proyecto nuevo, que también hemos dicho, no tiene mayor trascendencia por cuanto los diputados manifestaron que lo que se necesita es un proyecto global y estructural que aborde los problema que la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes exhibe y el sistema de protección que brindan organismos como SENAME.

La mayoría de los asistentes a la Comisión en que se desechó este proyecto estuvieron de acuerdo en que el sistema debe brindar una solución a un problema de naturaleza compleja y en base a políticas públicas coherentes y financiadas. La mano dura no soluciona nada, en muchas ocasiones empeora el problema.

Meter jóvenes a la cárcel sin otro motivo que la venganza ciudadana es el peor de los negocios que una sociedad puede ejecutar.

La denominadas MARAS en Centroamérica son un buen ejemplo de ello y tienen una de sus explicaciones en las denominadas leyes mano dura y leyes súper mano dura. Los gobiernos quisieron atacar el fenómeno elevando los niveles de violencia en contra de las bandas y sectores de población marginal en las ciudades y lejos de aplacar el problema estimularon el surgimiento de organizaciones hiper agresivas que hoy en día representan un poder armado en algunos sectores del país sin contrapeso ni control.

En Chile existe esa oportunidad de control sin echar mano a normas ejemplarizadoras ya que los principales delitos por los cuales son imputados los adolescentes serán contra la propiedad (hurtos, robos, daños, receptación), los que representan un 60% del total de delitos. Los casos de delitos graves (homicidio, violación, etc.) tienen un impacto muy pequeño y residual en el total. A modo de ejemplo, en 2012, los homicidios representaron el 0,7% del total de delitos. En 2016, la cifra fue 0,6%.

El proyecto superviviente se sigue llamando Ley Joaquín, lo que nos parece plausible, y también hemos dicho que lamentamos tener con la familia de Joaquín Fernández esta posición encontrada ideológicamente de cómo abordar el tema de la delincuencia juvenil y sus mecanismos de control. En algo coincidimos por cierto, nadie desea que un joven pierda la vida por causa de la marginalidad y la delincuencia. El cómo llegamos a esto, es a nuestro juicio por la vía de los cambios estructurales.

Deseamos que en el futuro exista una Ley Joaquín que en pos de esa finalidad, la seguridad ciudadana y la paz social aborde las complejidades del origen de la delincuencia con organismos profesionales y financiados por la ley de presupuesto que se haga cargo de temas tales como, la deserción escolar; consumo de drogas y alcoholismo en menores; educación sexual; protección en relación al maltrato, la explotación y el abuso infantil, en fin, el caldo de cultivo de la delincuencia y que hoy profesionales y organismos estatales y municipales tratan de asumir más bien con buena voluntad y vocación que por virtud de una política pública estructural.