La falsificación de información para acceder a gratuidad en educación no puede ser tratada como un detalle menor, un truco inocente o una “trampa” justificable
Es un abuso del sistema, pero también de quienes realmente necesitan apoyos, de los recursos públicos escasos y del propio sentido de justicia. Condeno de frente esta práctica y, sobre todo, el rol de ciertos “expertos” que, sin serlo, se posicionan como facilitadores del engaño. No puede ser que una persona que se denomina profesional se mueva en el borde de lo ilícito y que haya quienes se dediquen a enseñar cómo falsear datos o no declararlos para obtener beneficios. Ese uso torcido del conocimiento deja muy mal parada no solo la formación profesional, sino la idea misma de educar y acompañar.
Los recursos son escasos y cada peso público destinado a beneficios sociales tiene, o debería tener, un destinatario preciso: personas vulnerables, familias en situación de riesgo, estudiantes que realmente dependen de esos apoyos para mantenerse en la educación. Sin embargo, aparecen quienes, teniendo un pasar que les permite cubrir sus necesidades básicas, se sienten tentados a engañar al sistema, a engañarse a sí mismos y a engañar a otros. Esto se agrava cuando existen profesionales que, desde redes sociales u otros medios, ofrecen “asesoría” o “consultoría” para aprender a manipular información, minimizar ingresos, ocultar apoyos familiares o fabricar historias que hagan calificar a la persona en la escala de vulnerabilidad. Impacta especialmente el reportaje que mostró cómo trabajadores sociales (asistentes sociales) habrían ofrecido servicios orientados a falsear la realidad de las familias para acceder a beneficios. Es un jarro de agua fría no solo para el público, sino para quienes se juegan en la formación y en la práctica del trabajo social.
Creo en la educación y en los procesos formativos, que deben ser espacios de fortalecimiento, de construcción de criterio y de responsabilidad, y no talleres de trucos para sortear normas. Por eso, así como creo que la educación cívica debe volver a los colegios, también sostengo que la ética debe jugar un rol protagónico en la formación profesional. No basta con desarrollar competencias técnicas, investigativas o de gestión; se trata de relevar un compromiso normativo ético y moral que forme y no que deforme a las personas y a los futuros profesionales. Esto interpela, en el caso del trabajo social, la discusión sobre la formación de trabajadores sociales, que va más allá de la casa de estudios donde alguien se formó y toca el modo en que estamos desdibujando lo ético con prácticas normalizadas.
No se trata de encasillar, ni de negar que la realidad cambia y que debemos reflexionar y evolucionar. Al contrario, se trata de discutir con claridad si es correcto que un profesional ayude a falsear documentos, ya no solo en trabajo social, sino en cualquier área. ¿Por qué actuamos de manera tan errática? ¿Por qué estamos tan enojados con el sistema que nos parece aceptable buscar “atajos” para estar por encima de él? Observemos casinos ilegales, carreras clandestinas, vehículos sin patente ni permisos, autos y camiones que no cumplen normas, falsificación de títulos, informes sociales, registros sociales de hogar, licencias médicas, venta de recetas. ¿Lo estamos normalizando?
Una cosa es cometer pequeñas travesuras o maldades en la infancia, en un proceso donde el adulto responsable corrige, explica y acompaña. Otra muy distinta es hacer daño sistemático a otros y al sistema, y vanagloriarse de ello. Será que necesitamos ser siempre fiscalizados y sancionados para actuar éticamente, o será que ya ni sabemos lo que significa ser ético. ¿Existe todavía la palabra “ética” en el inconsciente colectivo o ya se ha borrado para dar paso a la idea de que, si haciendo lo no permitido se llega más rápido al éxito, entonces vale la pena?
Tal vez el problema es que no nos dimos cuenta cuándo cambió el paisaje moral y seguimos reclamando un comportamiento ético propio de una moralidad que ya no se sostiene en la práctica cotidiana. No tenemos que rendirnos ni dejar que la apatía se instale; al contrario, debemos seguir con la consigna de que las personas y los profesionales deben mirarse de frente, volver a discutir, a juzgar y a no permitir que estas conductas se vuelvan “normales”.
