El balance de la Superintendencia de Seguridad Social muestra una disminución del 12,9% en emisión de licencias médicas durante 2025: de 8,05 millones a 7,01 millones, con ahorro de $586 millones en subsidios
Esta reducción se produce tras el destape de los casos más graves de mal uso en sector público y privado que remecieron el sistema.
Desde ALTO INMUNE no nos sorprende. Llevamos años impulsando acciones legales y administrativas contra emisores irregulares. Sabíamos que, con voluntad política y cruce de datos riguroso, los resultados serían contundentes: 25 mil funcionarios viajando al extranjero con licencias, redes emitiendo 71 mil licencias falsas, fraudes superiores a $700 mil millones.
Sin embargo, esta disminución puede ser transitoria. El fraude se adapta: siguen apareciendo emisores que crean sociedades para encubrir emisiones irregulares. La fiscalización debe ser permanente y preventiva, basada en análisis continuo de datos.
Los datos de SUSESO revelan una concentración preocupante: mientras la mitad de médicos emitió hasta 14 licencias anuales, el promedio alcanzó 135. Esta asimetría muestra que coexisten profesionales moderados con ‘grandes emisores’ —estimamos un 3%— que concentran volúmenes de 1.600 licencias hacia arriba.
Durante 2025, ALTO INMUNE interpuso más de 600 querellas contra profesionales por emisión irregular. Trabajamos con instituciones de salud privada detectando casos, incluyendo el juicio contra 27 médicos que llevan más de dos años en prisión preventiva tras emitir 71 mil licencias falsas.
El desafío es consolidar estos avances. La reducción del 12,9% evidencia que con gestiones adecuadas se puede identificar y eliminar un porcentaje significativo de emisiones fraudulentas, protegiendo así el derecho legítimo a licencias médicas de quienes verdaderamente las necesitan. Se requiere fortalecer coordinación entre SUSESO, isapres, Fonasa y el sistema judicial; implementar validación en tiempo real; y mantener la judicialización como herramienta disuasoria. El fraude en licencias médicas amenaza la sostenibilidad del sistema previsional y la confianza ciudadana.
Los resultados de 2025 demuestran que cuando existe voluntad política, cruce de datos riguroso y consecuencias legales reales, el sistema puede recuperarse. Pero la batalla contra el fraude no termina: apenas comienza.
