Hace 149 años, el 6 de febrero de 1877, el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, firmó el decreto 547 que cambió el curso de la historia para las mujeres -y hombres- del país
Más conocido como Decreto Amunátegui, este documento reconocía la necesidad de estimular el estudio entre las chilenas para permitirles su propia subsistencia, validando así su derecho a rendir los exámenes de admisión universitaria.
Es probable que ni el presidente Aníbal Pinto ni el mismo ministro Amunátegui hayan podido dimensionar por completo la transformación social, cultural, política y económica que esta firma detonaría para Chile, aunque seguramente sabían que estaban marcando la historia. Hoy, más de la mitad de los postulantes que rinde la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) son mujeres, lo que en el último proceso de diciembre 2025 equivalió a más de ciento treinta mil registradas para dar esta evaluación. Aun cuando algunas carreras siguen siendo de preferencia masculina y persiste el desafío público de incentivar la participación femenina en áreas como las STEM, el impacto que este decreto tuvo en los derroteros de nuestra historia ha sido sustantivo y, por eso, su conmemoración debería tener un lugar relevante en nuestro calendario.
Por supuesto, la huella más evidente ha quedado plasmada en la historia de la educación nacional. La posibilidad de que las mujeres entraran a la universidad conllevó la necesidad de que se prepararan para ello, lo que incentivó la fundación de colegios secundarios, en principio privados, y luego liceos públicos que dieran cabida al creciente número de jóvenes ávidas por educarse. De manera paralela, además, se crearon las escuelas de Artes y Oficios, que certificarían los trabajos técnicos de las mujeres, habilitándolas para entrar de manera formal al mundo del trabajo.
El decreto, en este sentido, no sólo fue un gesto político que respondía a la creciente tendencia liberal del país, sino, sobre todo, simbolizó un giro cultural trascendental: mediante él y a partir de entonces, se reconoció de manera oficial y pública que las mujeres tenemos la capacidad intelectual para formarnos en materias académicas y razonamiento científico y que esta instrucción puede resultar tan relevante para nosotras como para los varones. Porque, bajo esta posibilidad, subyacía también la oportunidad de proyectar nuestro derecho a trabajar, a realizarnos de forma profesional y a ampliar nuestros horizontes de participación más allá de los límites y roles domésticos que por siglos habían determinado el valor de las mujeres en sociedad.
Sus alcances, por lo tanto, fueron mucho más allá del ámbito universitario: nos encaminaron hacia la conformación y reconocimiento de una ciudadanía en plenitud. En la medida en que la instrucción primaria, secundaria y superior se amplió para las mujeres, nuestra preparación para ejercer roles y responsabilidades de diversa naturaleza se hizo evidente. Y esto, en última instancia, despejó las vías para la conquista de derechos civiles y políticos, como aquellos referidos a la seguridad social, la capacidad de autonomía en materia de decisiones económicas o el derecho a voto y a ocupar cargos públicos.
En su época, por supuesto, el Decreto Amunátegui no estuvo exento de polémica. Muchos opinaron que su aprobación amenazaba la estabilidad del hogar o de la familia y que ponía en riesgo la integridad moral de las mismas mujeres. Su firma, sin embargo, constituyó un acto decisivo y atrevido, que demuestra que, en materias de política pública, se requiere ver más allá de la contingencia y de las miradas estrechas enfocadas solo en el presente. En especial, en materias de educación, las políticas públicas no solo impactan en su propio ámbito, sino que pueden transformar realidades. El ejemplo de este decreto y del modo como se proyectó con mirada de futuro debe servir de inspiración, en un contexto en el que todavía vemos que en educación queda mucho por hacer.
