A la salida de la Contraloría General de la República, organizaciones de pacientes y el senador Juan Luis Castro, señalaron que presentaron un requerimiento para que se revise la legalidad de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la ley
Organizaciones de pacientes y autoridades advirtieron las graves consecuencias de la suspensión indefinida del proceso 2025 de actualización de la Ley Ricarte Soto, que mantiene detenida la evaluación de 39 tratamientos de alto costo desde el 23 de diciembre de 2025. Estas declaraciones fueron emitidas tras acudir a la Contraloría General de la República para solicitar formalmente que se fiscalice la legalidad de esta paralización.
La suspensión, atribuida a la falta del informe presupuestario obligatorio del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Presupuestos (DIPRES), afecta a más de 45 mil beneficiarios actuales y a miles de potenciales nuevos pacientes, generando incertidumbre, deterioro en la calidad de vida y debilitando una política pública clave en salud.
Natalia González, presidenta de Fundación Espondiloartritis Chile, diagnosticada hace 12 años y actualmente financiando su tratamiento biológico con recursos propios, advirtió que la falta de cobertura está empujando a muchos pacientes hacia la discapacidad temprana. Recordó que personas que lucharon por la creación de la ley hoy ya no pueden caminar, mientras nuevas generaciones enfrentan el riesgo de perder autonomía antes de los 40 años. “No estamos pidiendo favores, sólo igualdad en el acceso a medicamentos para poder seguir trabajando, estudiando y aportando al país”, señaló, destacando el alto costo emocional, familiar y económico que enfrentan.
En la misma línea, Cristóbal Salazar, director de Fundación Padece, quien vive con dermatitis atópica grave desde su nacimiento, relató el impacto cotidiano de la enfermedad y la urgencia de contar con tratamientos continuos. “Sabemos que existen medicamentos que pueden mejorar nuestra calidad de vida, pero seguimos sin respuestas. Sin ellos, vivir el día a día como una persona normal es extremadamente difícil”, afirmó, enfatizando la incertidumbre permanente y la escasa visibilización de patologías crónicas y poco conocidas.
Por su parte, Cecilia Rodríguez, directora de Fundación Me Muevo (Artritis Reumatoide), alertó que la detención de decretos y el incumplimiento de los plazos administrativos están afectando no solo la salud física, sino también la salud mental de los pacientes. “La incertidumbre se ha intensificado por la falta de avances concretos. Creemos que no es justo que los incumplimientos del Estado los pague la ciudadanía con su salud o su vida”, sostuvo, subrayando el impacto emocional en pacientes y sus familias.
María Isabel Herrera, representante de la Asociación Chilena de Hipertensión Pulmonar, advirtió que, desde la experiencia de una enfermedad rara, crónica y de rápida progresión, el incumplimiento del listado de tratamientos ha provocado deterioros irreversibles e incluso decesos en pacientes. “Estamos pagando con vidas la falta de respuestas oportunas. Esto genera desesperanza, desgaste psicológico y un profundo sentimiento de abandono, tanto en los pacientes como en sus entornos familiares”, expresó.
El senador Juan Luis Castro, representante por la región de O’Higgins e integrante de la comisión de Salud de la Cámara Alta, calificó la situación como grave e inaceptable, señalando que la falta de acción del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos está dejando a decenas de miles de pacientes en el abandono. Denunció un “silencio cómplice” que traslada la responsabilidad al próximo Gobierno, mientras personas con enfermedades de alto costo deben endeudarse, buscar donaciones o costear tratamientos esenciales por cuenta propia.
“Como médico y parlamentario, me duele profundamente que el Estado no esté respondiendo a quienes más lo necesitan. Por eso hemos solicitado a la Contraloría General de la República que fiscalice la legalidad de esta suspensión indefinida y exigimos la disponibilidad urgente de recursos para evitar que la Ley Ricarte Soto muera en la práctica”, concluyó.
