La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la resolución que dejó sujeta a la medida cautelar de prisión preventiva a C.G.F., imputada por el Ministerio Público como autora de delitos reiterados y consumados de cohecho agravado (563), falsificación de instrumento público (5.581) y lavado de activos
Ilícitos perpetrados entre 2020 y 2022, periodo en el que se desempeñó en la Subsecretaría de Educación y emitió, junto a coimputado, certificados falsos para la obtención fraudulenta de licencia de conducir.
En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó error en la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Rancagua, al compartir que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
“Que, de acuerdo con los antecedentes reunidos hasta la fecha, no se conocieron de nuevos elementos que alteraran o modificaran los presupuestos materiales relativos al hecho como tampoco a la cuestionada participación de la encartada (…), por cuanto con los antecedentes de la investigación hasta ahora reunidos, es posible establecer los presupuestos de la letra b) del citado artículo 140, con el estándar exigido para la imposición de cautelares”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “(…) respecto de la necesidad de cautela, atendido el conjunto de elementos fácticos y normativos ventilados en la audiencia, es posible estimar que, atendida la cantidad y gravedad de ilícitos por los que se ha formalizado la investigación, la calificación jurídica de los mismos y las penas asociadas a estos se concluye que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica mantener la cautelar de prisión preventiva impuesta”.
Según el ente persecutor, en el marco de una organización criminal que operó en el Departamento de Tránsito de Requínoa para la entrega indebida de licencias de conducir, C.G.F. y coimputado en la causa recibieron pagos para emitir 5.581 certificados de educación ideológicamente falsos. Además, C.G.F. con los dineros obtenidos adquirió bienes, como vehículos y propiedades, con el objetivo de esconder el origen ilícito de dichos fondos.
