El acuerdo permitirá gestionar acceso preferente a soluciones habitacionales para personas en riesgo, marcando un precedente nacional en articulación interinstitucional
Con el objetivo de brindar protección efectiva a víctimas y testigos de delitos asociados a crimen organizado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de O’Higgins (Minvu O’Higgins) y la Fiscalía Regional firmaron este martes un Protocolo de Colaboración Interinstitucional que habilita un mecanismo de atención habitacional preferente, con reserva de identidad y acompañamiento especializado. Firmaron el documento el Fiscal Regional, Aquiles Cubillos; el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Luis Barboza y la directora (s) de SERVIU O’Higgins, Morín Contreras.
El protocolo establece una ruta clara para que la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) derive casos que presenten una urgente necesidad habitacional, permitiendo su acceso a programas como el subsidio de arriendo (DS52), habitacional para familias vulnerables (DS49), soluciones transitorias e incluso el uso de inmuebles recuperados por SERVIU. Todo ello con estrictas medidas de confidencialidad y resguardo.
“El objetivo es desarrollar un modelo de cooperación enfocado en nuestras víctimas y testigos de delitos graves, que permita darles seguridad mediante opciones concretas de movilidad habitacional”, señaló el Fiscal Regional, Aquiles Cubillos. Añadió que “muchas veces debemos movilizar personas desde sectores donde han sido amenazadas o no pueden regresar, y en esta tarea tuvimos una tremenda recepción por parte del MINVU. Esperamos que rinda frutos en causas importantes de la región”.
Por su parte, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Luis Barboza, destacó que “nuestra institucionalidad se hace más robusta gracias a este convenio, ya que nos permite brindar de manera más efectiva beneficios habitacionales a personas en riesgo, asegurando siempre la confidencialidad de los casos”.
Desde SERVIU, su directora (s), Morín Contreras, enfatizó el enfoque técnico del trabajo conjunto. “Existen contrapartes especializadas que trabajan en coordinación con Fiscalía para evaluar cada caso y definir la solución más adecuada, considerando la complejidad de cada situación”, afirmó.
El Delegado Presidencial, Fabio López, valoró el carácter pionero del acuerdo. “Este es un protocolo inédito en el país, que surge desde O’Higgins como un modelo de colaboración permanente entre instituciones del Estado. Es una iniciativa que, sin duda, debiera replicarse a nivel nacional”.
El acuerdo contempla procedimientos detallados para las derivaciones, evaluación de antecedentes, priorización de atención y seguimiento, además de compromisos específicos en materia de acompañamiento, confidencialidad y gestión administrativa. En caso de vulneración de la reserva de información, se estipula la terminación inmediata del convenio.
De esta manera, O’Higgins se posiciona a la vanguardia en materia de colaboración interinstitucional, garantizando respuestas rápidas y articuladas para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad producto de su colaboración en procesos judiciales complejos.
