En la Región de O’Higgins se han efectuado un total de 13.887 liquidaciones, de esta cifra se han detectado 950 causas con deudas
Tras cumplirse el primer mes de funcionamiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos (RNDPA), los juzgados con competencia en asuntos de Familia del país ya han inscrito a 2.118 personas por adeudar tres meses continuos o cinco discontinuos de sus obligaciones alimenticias. En el caso de la Región de O’Higgins, son 92 las personas inscritas y se han efectuado un total de 13.887 liquidaciones, de esta cifra se han detectado 950 causas con deudas que están sometidas a la nueva normativa.
Al respecto, la ministra de la Corte Suprema encargada de la implementación de esta ley, Gloria Ana Chevesich, destacó que se está haciendo una labor inédita: “Es primera vez que el Poder Judicial debe realizar la liquidación de manera mensual de todas las pensiones de alimentos. En un mes ya hemos llegado al 39% del total y esperamos lograr el 100% lo más pronto posible. Para el año 2023 están considerados los recursos para potenciar esta labor en todos los juzgados que conocen asuntos de familia, pero quiero destacar la inmensa tarea que están afrontando las personas que en ellos se desempeñan”.
La autoridad reiteró el llamado para que las personas que tienen a su cargo el cuidado de niños, niñas y adolescentes, y también aquellas que son demandantes en causas de cobro de pensiones alimenticias, pidan a través de la Oficina Judicial Virtual la conversión a UTM de la pensión de alimentos: “Es muy importante que se pida el cambio a UTM de las pensiones que han sido fijada en pesos o en alguna otra unidad, porque facilita el trabajo de los tribunales en el sentido de poder -después de la primera liquidación manual- efectuarla de manera automática y así, evidentemente, poder transmitir la información al registro en forma mucho más expedita”, explicó. Esta solicitud se hace en línea en el sitio de Trámite Fácil del Poder Judicial.
Para finalizar, el Presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro Miguel Ángel Santibáñez, señaló que “esta normativa pone de relieve la obligación de las personas para hacerse cargo del bienestar económico y emocional de sus hijos en el marco de la corresponsabilidad parental para cumplir dicha tarea, por ello esta ley reconoce como un pilar fundamental resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes”.
