“El robo de cables afecta la calidad de vida de rancagüinos y rancagüinas. Tuvimos un invierno donde el robo de cables eléctricos no solo afectó la luz, sino que también a las personas electrodependientes, diabéticas. Además, nos complica con los semáforos, la fibra óptica, la conectividad”, ejemplificó el alcalde Juan Ramón Godoy
Equipos de la Municipalidad de Rancagua, de Gobierno, las policías y empresas iniciaron este lunes una fiscalización a chatarrerías en distintas comunas de la región, con el objetivo de erradicar el robo de cables de electricidad.
Esta actividad se desarrolla en el marco de la Mesa de Robo de Conductores Eléctricos y de Telecomunicaciones, como una estrategia implementada para la prevención e investigación de este ilícito.
En la instancia, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, aseguró que “el robo de cables afecta la calidad de vida de rancagüinos y rancagüinas. Tuvimos un invierno donde el robo de cables eléctricos no solo afectó la luz, sino que también a las personas electrodependientes, diabéticas. Además, nos complica con los semáforos, la fibra óptica, la conectividad”.
“Acá hay una serie de perjuicios que todos sufren con el robo de cables. Hay que cortar el circuito, cortar aquellas chatarrerías que están trabajando ilegalmente, que están comprando este cable de cobre que hoy día es robado de circuitos eléctricos que tenemos en la ciudad”, recalcó el alcalde de Rancagua.
Posterior al punto de prensa autoridades y policías se dirigieron a chatarrerías ubicadas en el sector oriente de Rancagua. En la instancia fueron detenidas cinco personas y encontrados cerca de 2.000 kilos de cables de procedencia ilícita correspondientes a fibra óptica, aluminio de tendido eléctrico preensamblado y red de baja tensión que alimenta a los domicilios.
Las fiscalizaciones a chatarrerías que vendan cables de cobre buscan verificar si se está realizando venta ilegal o de procedencia ilícita, en coordinación con policías, Carabineros y PDI, y diferentes servicios del Estado. Respecto a este tipo de delito la ciudadanía puede realizar una denuncia segura y anónima llamando al número 600 400 0101.
La ley obliga a las empresas a remover estos “escombros aéreos” en un plazo máximo de cinco meses, una vez que el municipio los califique como desechos. Si la empresa no responde, la municipalidad podrá quitar los cables por su cuenta y el costo será traspasado a la empresa respectiva.
