El sondeo “A tres años del 18 de octubre: las movilizaciones desde el retrovisor”, realizado por el Instituto UNAB de Políticas Públicas, reveló además que el 87% de la población está en desacuerdo o muy desacuerdo con la quema de infraestructura pública y los saqueos como método para llamar la atención de las autoridades
Este martes 18 de octubre se cumplieron tres años del inicio de las movilizaciones sociales de 2019, las cuales empujaron el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en noviembre de ese año y desencadenó un proceso constituyente que sigue abierto hasta hoy.
Con el fin de analizar la percepción de los chilenos y chilenas frente a las movilizaciones, el Instituto UNAB de Políticas Públicas realizó el sondeo de opinión “A tres años del 18 de octubre: las movilizaciones desde el retrovisor”.
El estudio, cuyo trabajo de campo se realizó entre el 7 y 14 de octubre, evidenció que un 55% de la población cree que “sin movilizaciones no hay cambios”, mientras que un 42% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con lo anterior. En comparación a diciembre de 2019 -cuando se realizó el “2° Sondeo sobre la crisis social en Chile”- el apoyo a esa frase descendió en un 23%, cuando en ese entonces alcanzaba un 78%.
Efectos de las movilizaciones para el país
A tres años del inicio de las movilizaciones, el estudio arrojó que el 58% de la población cree que sus efectos han sido negativos para Chile. En tanto, un 34% afirma que éstos han sido positivos. Por su parte, la percepción negativa del legado de las movilizaciones aumenta a mayor edad de la población. De esta manera, el 47% de las personas entre 18 y 29 años, el 54% entre 30 y 44 años y el 67% de los mayores de 45 años, creen que las consecuencias para Chile no han sido positivas.
Asimismo, el sondeo arrojó que un 57% de la ciudadanía considera que en la actualidad la economía chilena está en retroceso, el 31% que está estancada y solo el 8% cree que está progresando.
Vigencia de las demandas sociales
Un amplio porcentaje de la población afirma estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con la afirmación “el país ha avanzado en la solución de las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”. Así, el 83% de los encuestados considera que no se ha evolucionado en la respuesta ante las demandas de la ciudadanía, mientras que solo el 14% manifiesta que sí.
Un aspecto que llama la atención del sondeo es que el 66% de sus participantes considera que los políticos no están más conscientes de las urgencias sociales después de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019, mientras que un 31% creen que sí lo están.
En cuanto a la solución de los anhelos de la ciudadanía, un 45% cree que sí se pueden conseguir todas las demandas sociales (pensiones, transporte, salud y remedios e ingresos laborales mínimos) pero con gradualidad, el 35% considera que Chile tiene los recursos para conseguirlas y un 18% sostiene que las demandas son infinitas y los recursos limitados.
Al respecto, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, afirmó que “el sondeo muestra un alto nivel de insatisfacción respecto de la capacidad del mundo político de identificar las prioridades de la ciudadanía y de dar solución a las necesidades que dieron origen a las movilizaciones del 2019, lo que se suma a una mirada crítica de los efectos de esas movilizaciones para el país».
Violencia
Un 59% de los encuestados cree que sí se pueden realizar movilizaciones sin que se genere violencia a su alrededor, mientras que el 39% considera que esto no es posible.
Con respecto a la quema de infraestructura pública y los saqueos, el 86% de los encuestados está en desacuerdo y muy en desacuerdo con que éstos son necesarios para llamar la atención de las autoridades, mientras que solo un 11% señala que sí lo son. Destaca, por su parte, que esta afirmación tiene más aceptación entre los jóvenes de 18 y 29 años (19%), en contraste con los mayores de 45 años (6%).
Asimismo, el 49% de la ciudadanía está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que “para terminar con la violencia basta con satisfacer las demandas sociales, no se necesita usar la fuerza pública” y el 47% está de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación. En comparación con el sondeo anterior realizado en 2019, aumentó un 21% el nivel de desacuerdo (28% en 2019), mientras que quienes estaban de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación descendió en un 22% (un 69% lo estaba en 2019).
Ante los resultados del sondeo, el director ejecutivo del Instituto UNAB de Políticas Públicas, Raúl Figueroa, concluyó que «hay un rechazo transversal a la destrucción de infraestructura como un medio legítimo para instalar demandas sociales, lo que coincide con un creciente apoyo al uso de la fuerza pública para terminar con la violencia. Esto da cuenta de un cansancio de la ciudadanía frente a la violencia y de una expectativa de soluciones efectivas a las necesidades más urgentes en un marco de resguardo al orden público”.
La muestra del estudio fue de 2.408 encuestas obtenidas en base a formularios autoadministrados a través de un panel online representativo a nivel nacional, con un margen de error de 5,85%.
