El proyecto hace voluntaria la rendición de las evaluaciones a los docentes en 2022 y 2023; amplía el plazo para el traspaso de establecimientos educacionales a los seis SLEP 2022; regulariza la asignación de bonos de incentivo al retiro a docentes y asistentes de la educación; y busca facilitar el pago de las deudas previsionales de trabajadores de la educación
La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto de Ley Miscelánea del Ministerio de Educación, que busca ajustar y resolver algunas necesidades urgentes para el buen funcionamiento del sistema educativo, con lo cual la iniciativa pasa ahora a su discusión en la Sala de la Cámara.
El proyecto de ley aborda cuatro aspectos distintos. El primero es volver voluntaria la aplicación de la Evaluación Docente para 2022 y 2023, con el objetivo de apoyar a las y los profesores que aún están experimentando situaciones complejas de convivencia y adecuación con el retorno a clases después de dos años de no presencialidad.
El segundo ajuste es la extensión del plazo de implementación de los seis nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que entraron en funcionamiento este año. Originalmente, a estos servicios les sería traspasado el servicio educativo y los establecimientos educacionales el 1 de enero de 2023, pero el proyecto amplía ese plazo en un año, con el objetivo de que tengan el tiempo necesario para tener una mejor instalación.
Entre los procesos que se podrían realizar en este tiempo ampliado están la creación del comité directivo local, el nombramiento del director ejecutivo y los subdirectores, el traspaso de contratos, convenios, bienes muebles e inmuebles, y el traspaso de funcionarios. Los seis SLEP que debían recibir sus establecimientos el 1 de enero son Iquique, Licancabur, Maule Costa, Punilla Cordillera, Aysén y Magallanes, que reúnen a cerca de 100 mil estudiantes.
El tercer componente del proyecto es la regularización del pago del bono de incentivo al retiro para docentes y asistentes de la educación que estaban pendientes desde 2018. Actualmente el análisis de antecedentes de los trabajadores de la educación para el pago del bono de incentivo al retiro se realiza por grupos de trabajadores, y si uno tiene problemas en su documentación, se remite al sostenedor al grupo completo. Con esta modificación, quienes sí tengan sus documentos al día podrán acceder al beneficio.
Por último, el proyecto de ley facilita el proceso de pago de deudas previsionales de los trabajadores de la educación. Cuando los sostenedores de establecimientos no cumplen con los compromisos previsionales, se les retiene la subvención. El proyecto en trámite facultará al ministerio a pagar las deudas en coordinación con los sostenedores.
El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, agradeció a las diputadas y diputados que “han colaborado y actuado de manera muy solícita a las indicaciones del Ejecutivo, como a aquellas que han surgido en la discusión parlamentaria” y valoró “su disposición a acordar de qué manera nos hacemos cargo de una serie de deudas que sabemos que tenemos con el sistema educativo”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, el diputado Juan Santana (PS), valoró que el proyecto, que fue respaldado “de forma transversal por todos los diputados”, se haga cargo de “la implementación de leyes de la República que fueron aprobadas democráticamente y que son fundamentales para la Nueva Educación Pública”.
“En el gobierno del Presidente Gabriel Boric y bajo el ministerio del ministro Marco Antonio Ávila, existe una relación que marca la diferencia con las comunidades educativas, en el sentido de que nos estamos haciendo cargo de cuatro aspectos tremendamente relevantes desde el punto de vista laboral y educativo”, concluyó el diputado.
