Hace unos días fue publicado el informe final de la auditoría externa para conocer la situación financiera de la Municipalidad de Rancagua desde el 31 de diciembre de 2017 a mayo del 2021, periodo de gestión municipal anterior, que corresponde a la administración del exalcalde Eduardo Soto
El contenido del informe, realizado por la empresa Casanova Consultores, dio a conocer una serie de irregularidades que se pudieron haber producido durante el periodo mencionado anteriormente, que podrían tener el carácter de delito en cuanto a los artículos 233 y 239 del Código Penal. Esto es, malversación de caudales públicos y fraude al fisco, respectivamente.
Es por ello que la Municipalidad de Rancagua presentó una querella criminal contra todos quienes resulten responsables por estos hechos cuyos antecedentes ya fueron remitidos al Ministerio Público.
HECHOS EN LOS QUE SE FUNDAMENTA LA QUERELLA
Dentro de las irregularidades arrojadas por la auditoría externa, se contempla una serie de cheques que fueron girados, pero no fueron registrados en la contabilidad de la I. Municipalidad de Rancagua y cuyos montos más altos superan los 90 millones de pesos.
Junto a esto, se detectaron 40 casos de pagos de honorarios que no presentaron la respectiva boleta, y solo se disponía de un informe de desempeño como respaldo del pago. En particular, se encontraron diferencias entre lo declarado en el Formulario 29 del Servicio de Impuestos Internos (SII) y lo realmente recibido por concepto de boletas de honorarios electrónicas, por un total de $260.001.994, que corresponde al 10% por concepto de retención.
Esto significa un pago bruto superior a los 2.600 millones de pesos entre enero 2017 a mayo 2021, pero que no se han recibido boletas de honorarios equivalentes a esa cifra.
Por otra parte, se detectaron dos casos de pagos de honorarios por 2 millones de pesos en 2019 y 3 millones de pesos en 2020, de un mismo prestador de servicios que no figura en el portal de Transparencia ni tampoco dispone de un contrato sobre los servicios prestados.
A su vez, se cuestiona la licitación de áreas verdes. Esto, porque al revisar los contratos del servicio de mantención de áreas verdes se detectaron 4 contratos bajo la modalidad de trato directo y vía licitación. Y al efectuarse la contratación de servicios vía trato directo no hay posibilidad de obtener un mejor precio ni se otorga una transparencia a este proceso.
Tampoco se pudo validar la entrega de cajas de mercadería con los respectivos informes sociales que justificaran esta ayuda, como tampoco su correspondiente recepción, puesto que no se dispuso de los listados que acreditaran el detalle de estos. Al no contar con esta información, no se puede determinar si la asignación del recurso fue eficiente y si cumplió o no su cometido.
Además, se detectaron incumplimientos sostenidos de obligaciones de la entidad patrocinante municipal que funciona en la oficina de Vivienda. En esta materia, existe un procedimiento sancionatorio instruido por la Seremi de Vivienda, y se han detectado irregularidades como pagos no realizados a la entidad por incumplimiento de obligaciones, y la devolución de dos proyectos que pretendían resolver retiro y reemplazo de adoquines en el tramo de Alameda entre Freire y Recreo / Recreo – Avenida España, puesto que resultaron ser inviables técnicamente. Además, proyectos y programas con evidente retraso de ejecución o presentan fallas técnicas.
Finalmente, se pudo evidenciar irregularidades en la ejecución del “Contrato de Mantención, Reparación y Mejoramiento Infraestructura y Seguridad Vial, Comuna de Rancagua 2018-2021”, ya que el informe de auditoría no da cuenta que los montos no reflejan los avances realizados, cuestionando a qué etapas y desarrollo de obras corresponde.
Los hechos mencionados anteriormente irían más allá de solo irregularidades administrativas y pueden ser constituidos de delito según los artículos 233 y 239 del Código Penal: delitos de malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
LA SOLICITUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
En la querella, la Municipalidad de Rancagua solicita que se indaguen estos hechos “y cite, formalice, someta a medidas cautelares personales y reales, acuse y finalmente logre la condena, al máximo de las penas que la ley prescribe, más las indemnizaciones y costas de la causa, de todos quienes hayan obrado como autores, cómplices y encubridores de los diversos ilícitos cometidos”.
Junto a ello, que se ordene una investigación amplia a las Brigadas Investigadoras de Delitos Económicos (BRIDEC), Delitos Funcionarios (BRIDEF) y Lavado de Activos (BRILAF) de la PDI, además de las facultades propias del Ministerio Público.
