Administradores, jefes de unidad y funcionarios de los tribunales penales de la jurisdicción Rancagua participaron en una capacitación sobre la implementación de la Ley 21.057, de entrevistas videograbadas, que en octubre próximo cumple su última fase con la puesta en marcha en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Los Lagos
En la oportunidad participaron por parte del nivel central los encargados de la implementación de la iniciativa, Rocío Arias y Miguel Castro, quienes además de presentar los aspectos más importantes de la Ley 21.057 respondieron las consultas de los presentes en la actividad que se realizó de manera virtual.
“El objetivo del encuentro fue avanzar en la coordinación de quienes serán parte del sistema para asegurar la correcta implementación de la ley 21.057. La invitación de esta capacitación es que nuestros equipos regionales logren hacer una bajada de la iniciativa y de todos los desafíos de gestión que hay que comenzar a considerar para prevenir situaciones que se presentaran a partir del 3 de octubre”, señaló el ministro de la Corte de Apelaciones, Pedro Caro.
El administrador del tribunal de alzada, Juan Gómez, expresó que “la capacitación fue una instancia positiva donde nos interiorizamos de los aspectos técnicos y administrativos propios de la implementación y estamos muy esperanzados en que esta ley funcione de muy buena forma cuando llegue el momento de comenzar a trabajar bajo esta nueva normativa”.
“La capacitación recibida fue muy importante porque apuntó a aspectos prácticos de la implementación de la ley y de los requisitos de infraestructura deberán tener los tribunales. Tendremos que buscar los mejores acondicionamientos en nuestros juzgados para cumplir con el desafío”, puntualizó el administrador del Juzgado de Garantía de Graneros, Sergio Smith.
La Ley 21.057 de entrevista videograbada -que entró en vigencia en una primera etapa en 2019 y luego la segunda etapa en 2021- regula las entrevistas grabadas en video y otras medidas de resguardo a menores de edad, víctimas de delitos graves, teniendo por objetivo la prevención de la victimización secundaria de niños, niñas y adolescentes (NNA) durante su interacción con el sistema penal.
En ese sentido, la nueva normativa establece que exista un funcionario debidamente formado y acreditado para ejercer el rol de entrevistador y/o intermediario, testificando el NNA en una sala especial habilitada para que entregue su relato en condiciones seguras y resguardando su privacidad.
