Según la concejal de Doñihue, Evelyn Díaz, quien levanta la denuncia, los agricultores «están a tres o cuatro riegos de generar cosecha o perderlo todo», con mermas económicas cercanas al «millón de dólares»
La concejal por Doñihue, Evelyn Díaz, hizo público que ciento veinte familias de pequeños y medianos agricultores de su comuna perderían sus cosechas por falta de riego. Lo anterior, según indicó, debido a que la «Dirección General de Aguas no les reconocería derechos para acceder a regadío».Díaz, explicó que esta «es una situación que se viene arrastrando desde hace bastantes años y que tiene a ciento veinte familias del sector de Rinconada de Doñihue, Chuchunco y California sin poder regar su siembra. Están perdiendo su capacidad para sobrevivir», aseveró.«Están a tres o cuatro riegos de generar cosecha o perderlo todo», informó la edil, detallando que «en una mesa de trabajo con los agricultores sacábamos la cuenta que en esta temporada se perderían, más o menos, setecientos y fracción de millones de pesos, casi un millón de dólares en pérdidas este año».«Hace poco estuve en una reunión con los afectados y con la DGA, y -estos últimos- textualmente dijeron: “Es que, si nosotros les damos agua a ustedes, habrá problemas más abajo”. Entonces, es como que no les importa nada», afirmó la concejal Evelyn Díaz.Por su parte, el diputado en ejercicio y senador electo por la región de O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro (PS), calificó la situación como «grave», subrayando la urgente necesidad de establecer la situación de las familias para que puedan acceder al agua.En ese sentido, Castro anunció «que claramente lo primero que haremos es una presentación a la DGA para pedir un pronunciamiento y una intervención formal, en segundo lugar, acudiremos a la Contraloría General de la República».Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, destacó que esta problemática se levanta «en un momento en que el país está en tránsito a una nueva Constitución, donde queremos garantizar a través de ella los derechos y que el agua sea un bien nacional de uso público, pero mientras eso sucede, vamos a seguir el cauce legal en la Dirección General de Aguas y en la Contraloría General de la República».
