Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y El Medio Ambiente Metropolitana recibió antecedentes que originaron la investigación
Tras recibir antecedentes, a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) de la PDI, en los cuales se daba cuenta de un eventual daño al patrimonio arqueológico del Pucará del Cerro La Compañía, ubicado en la comuna de Graneros, la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y El Medio Ambiente (BRIDESMA) Metropolitana, efectuó una denuncia ante la Fiscalía Local de Graneros, quien ordenó a la Policía de Investigaciones realizar una serie de diligencias para constatar el estado del lugar.
Luego de recibir instrucciones de parte del ministerio Público, el personal de la BRIDESMA Metropolitana, concurrió hasta el pucará en cuestión, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional Rancagua, además de funcionarios de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales y el director del Museo Regional de Rancagua, donde, en las ruinas que se atribuyen a la cultura pre incaica e inca, se verificó la existencia de una excavación cercana, la cual habría tenido como finalidad la instalación de una antena de telecomunicaciones.
Asimismo, el camino que conduce hasta la excavación ubicada en la cima del cerro, también habría sido intervenido para permitir el tránsito de vehículos y maquinaria que habría participado en la obra que se encuentra paralizada.
De acuerdo a lo señalado por la PDI, las diligencias consistieron principalmente en fijaciones planimétricas y fotográficas del terreno, que es considerado como monumento nacional histórico y arqueológico por la ley 17.288 (Ley de Monumentos Nacionales), la cual lo reconoce como un área protegida.
En el lugar, también se hizo presente el Fiscal Pablo Muñoz, de la Fiscalía Local de Graneros, quien señaló, en relación a la excavación y el camino existente en el cerro, que las diligencias efectuadas “tienen por objeto, en un primer momento, poder periciar el sitio del suceso, y después poder ver con los demás organismos gubernamentales si existen o no autorizaciones para poder hacer esta intervención”.
Desde la PDI, señalaron que la diligencias continuarán en los próximos días, con la finalidad de determinar la existencia del posible daño patrimonial y, eventualmente, establecer responsabilidades.
