*El legislador argumentó que la violencia en dicha zona “constituye un conflicto que va en una preocupante escalada” y que se debe reflexionar acerca de la “protección de la labor policial en tiempos donde el respeto a la ley y el resguardo del orden público se ha encontrado en entredicho”
A través de un proyecto de resolución aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados, el parlamentario de la UDI, Javier Macaya, solicitó al gobierno del Presidente Sebastián Piñera el impulsar a la brevedad una agenda legislativa para dar protección social y económica a funcionarios de Carabineros y sus familias, cuando estos sean víctimas de algún ataque en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior, a propósito del asesinato del cabo según do de Carabineros Eugenio Nain Caniumil, en un operativo policial en la Araucanía.
El legislador argumentó que la violencia en dicha zona “constituye un conflicto que va en una preocupante escalada, la seguidilla de actos terroristas y la indefensión de las víctimas resulta alarmante e indignante en un estado de derecho como el que vivimos. Y ahí Carabineros presta un apoyo fundamental para extirpar la violencia que sacude a la Araucanía, donde muchos de sus funcionarios han sido también víctimas de ataques cobardes por parte de encapuchados y grupos terroristas”.
“En primer lugar, proponemos otorgar asistencia psicológica, por el tiempo que sea necesario, al efectivo policial y su círculo más cercano, cuando éste sufriere algún ataque en el cumplimiento de sus funciones, para superar ese difícil momento”, explicó Macaya.
Junto a lo anterior, el parlamentario gremialista solicitó “extender el ascenso por invalidez al escalafón superior, de forma tal que se proteja económicamente a funcionarios y familias, cuando el efectivo policial sufra ataques en el cumplimiento de sus funciones”.
“También se debe aumentar el seguro de vida de Carabineros de Chile, pasando de actuales 12 meses a 24 meses, para ayudar económicamente a las familias de los funcionarios cuando uno de éstos fallezca en servicio”, agregó Macaya.
“Y por último”, concluyó Macaya, “se debe establecer un fondo destinado al financiamiento de la educación básica, media y superior, de los hijos de los funcionarios policiales que fallezcan en cumplimiento de su cargo, pues son sus hijas e hijos el gran legado que ellos entregan a nuestra sociedad”.
