«Los hechos de la investigación se estimaron que pueden ser constituidos de delitos  ampliándose la prescripción administrativa a 5 años», señaló el pdte del tribunal de alzada

Las sanciones propuestas son las más graves que establece el código orgánico, esto es la  suspensión por cuatro meses con goce de medio sueldo y la solicitud de un cuaderno de remoción», expresó el ministro Caro.

La instancia siguiente es que el Tribunal Pleno de la Corte de Apelaciones conozca de la propuesta final contenida en el informe. «Esto supone una relación por parte de la relatora de pleno de esta Corte más los alegatos de los abogados de los funcionarios afectados», puntualizó el presidente del tribunal de alzada.

En el marco del debido proceso y las garantías de los investigados, la autoridad judicial explicó que sus nombres y cargos solo serán informados una vez que terminen los recursos procesales y la resolución final quede
ejecutoriada.